El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular aceptó ayer una propuesta de los concejales y asesores de Valencia «investigados» por presunto blanqueo de capitales que consiste en suspenderlos de militancia cautelarmente y mantenerlos en el grupo municipal como independientes hasta que se resuelva el expediente disciplinario abierto en Madrid o los jueces tomen una decisión al respecto. De esta manera, los ediles siguen en sus puestos y la dirección de la calle Génova no se queda sin grupo en la tercera capital de España y en puertas de unas probables elecciones generales.

Hasta el día de ayer el futuro de los 9 concejales de Valencia investigados en la pieza separada de la Operación Taula parecía pendiente de la decisión de la dirección regional y el Comité de Derechos Garantías de Valencia, que antes de Semana Santa acordó dar un plazo a los ediles para que abandonaran el partido y entregaran sus actas.

Pero antes de que eso ocurriera, el grupo municipal ha movido ficha. A sabiendas de que ayer se reunía el Comité Nacional de Derechos y Garantías para hablar del expediente informativo que paralelamente les han abierto en Madrid, por la mañana se desplazaron hasta la capital Alfonso Novo y Beatriz Simón para entregar en la sede de la calle Génova un escrito firmado por todos los concejales y asesores de Valencia en el que proponen una fórmula intermedia largamente meditada.

Consiste en la suspensión cautelar de militancia de todas las personas relacionadas con la también llamada trama de los 1.000 euros y la continuidad de los concejales y asesores en activo dentro del grupo municipal como independientes hasta que se resuelva el expediente abierto en Madrid o haya una resolución judicial.

En ese escrito, los firmantes argumentan que habiendo un expediente abierto por la dirección nacional, no puede haber una decisión unilateral de la dirección regional. «No tiene sentido abrir un juicio y que por otro lado ya haya una sentencia», dijeron las fuentes consultadas por este periódico, que aseguran que en el «resguardo» que les han dado en Madrid ya se dice que la competencia es del comité nacional, que resolverá el asunto de acuerdo con los estatutos del partido. Es decir, sólo los expulsará cuando se abra juicio oral.

Con esta solución, los ediles y los asesores siguen en sus puestos, como ellos querían, y la dirección nacional se garantiza la pervivencia de un grupo municipal activo en el tercer ayuntamiento de España.

De no haber aceptado esta fórmula, los concejales habrían seguido en el ayuntamiento como no adscritos „tenían claro que no iban a dimitir„ y el grupo popular se hubiera quedado con un único concejal, Eusebio Monzó, que fue un «fichaje» de Rita Barberá poco antes de las elecciones y no participó en la operación supuestamente fraudulenta de ingresar 1.000 euros en la cuenta del partido para luego recuperar ese dinero en billetes de 500 procedentes, supuestamente, de comisiones ilegales.

Por cierto, en el escrito dirigido al instructor del expediente el concejal Alfonso Novo renuncia también a seguir como portavoz del grupo, por lo que su puesto lo defenderá ahora el propio Eusebio Monzó, que curiosamente también es independiente.