La batalla competencial en la que se enzarzaron varias conselleries al arrancar la legislatura está teniendo un segundo capítulo a cuenta del reparto de los puestos de trabajo de la Generalitat. Varios departamentos se encuentran enzarzados en un tira y afloja sobre qué plazas de funcionarios deben recaer en su área de influencia, un conflicto que mantiene bloqueada la aprobación y publicación de las llamadas RPT (relación de puestos de trabajo). Este documento es clave para que el nuevo Consell culmine el diseño de la estructura de la nueva administración ya que la publicación de las plantillas es imprescindible para convocar los concursos y la promoción interna. Así, por ejemplo, los puestos de altos funcionarios que se crearon en los reglamentos orgánicos de las conselleries, entre otros, jefaturas de servicio, no pueden cubrirse reglamentariamente hasta que no se apruebe oficialmente la plantilla.
Uno de los conflictos abiertos tiene que ver con la distribución de los puestos concretos de funcionarios. El bipartito cambió la estructura de la Generalitat con conselleries de nuevo cuño, como es el caso de Transparencia, o bien separó áreas competenciales que antes estaban bajo el paraguas de la misma conselleria. La pelea competencial entre los socios de Gobierno (PSPV y Compromís) al inicio de legislatura dio lugar a choques entre los departamentos de Justicia y Transparencia; entre los de Hacienda y Economía; y entre las conselleries de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y la de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Una de las consecuencias fue el retraso en la aprobación de los reglamentos orgánicos y funcionales, con el consiguiente bloqueo en la día a día de la gestión. Al final las conselleries implicadas firmaron la paz, pero las fricciones han vuelto cuando se ha bajado al detalle del reparto de funcionarios entre direcciones generales. Fuentes sindicales admiten a este diario que hay una dispuesta abierta entre Vivienda y Agricultura, al tiempo que Transparencia está peleando por que se le asignen un número suficiente de funcionarios. Cabe apuntar que la plantilla es la que es y las plazas que 'caigan' en un departamento será a costa de salir de otra dirección general.
El déficit de personal es una realidad en la Generalitat y una queja generalizada de todos los consellers que denuncian la falta de manos para sacar adelante la gestión. La propia vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha hablado abiertamente de esta cuestión.
La situación se ha agravado esta legislatura ya que se han rescindido muchas asistencias técnicas que proveían mano de obra para la Generalitat. Ante este panorama es lógico que ninguna conselleria quiera perder personal. El Consell se ha comprometido a convocar ofertas de empleo público en la legislatura, pero este tipo de procesos llevan tiempo.
Con todo, el retraso en la aprobación de las plantillas no es debido sólo a la pelea competencial. Las RPT deberían publicarse todos los años, pero la última tuvo lugar en septiembre de 2013. El documento puso ya entonces en evidencia las maniobras del Consell de Fabra para acercar y promocionar a determinados funcionarios en detrimento de otros. Con esa RPT desapareció el concurso de méritos para acceder a los puestos más sensibles o cercanos al poder, al tiempo que se flexibilizaron las condiciones que debe tener los funcionarios.
Cabe recordar que las RPT ofrecen una fotografía a todo color de cada plaza: la forma de acceso, la función, la retribución y el tipo de sector al que debe pertenecer el funcionario que la ocupa. En 2013 muchas plazas eran grupos barrados, es decir, abiertos a otras administraciones y era indiferente si el funcionario en cuestión procede del sector de la administración general o de la especial. Conclusión: en algunos casos, eran puestos a la carta para el empleado seleccionado previamente por el establishment de entonces.
