Una sola funcionaria se encarga de las tareas de traducción y asesoramiento língüístico en valenciano para los 406 órganos judiciales de la Comunitat Valenciana, según confirmó ayer la Conselleria de Justicia. Se llama Pilar Monerri y es la responsable de la Oficina de Promoció de l´Ús del Valencià de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Cualquier demanda, resolución, sentencia o diligencia escrita en lengua propia que alguna parte afectada en el proceso desee recibir en castellano debe pasar por sus manos. No hay otras. Además, es militante: imparte voluntariamente los cursos de valenciano para el personal de Justicia que lo desee.
Después de que Levante-EMV revelara ayer el caso de un juzgado de Benidorm que pidió a un abogado que presentara él mismo la traducción al castellano de su demanda escrita en valenciano para evitar demoras en su procedimiento judicial „el TSJ admitió el «error» de la secretaria judicial pero archivó la queja„, la Generalitat desveló ayer que va a reforzar el servicio de traducción para dinamizar el uso del valenciano en el ámbito judicial. Es uno de los agujeros negros para la normalización de la lengua de Estellés.
Según anunció el secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades, ya se han realizado gestiones para que en 2017 la Dirección General de Política Lingüística envíe lingüistas a la Ciudad de la Justicia de Elx, el Palacio de Justicia de Alicante y la Ciudad de la Justicia de Castelló, y refuerce el servicio unipersonal de Valencia. El objetivo no es tanto evitar atascos cuando el valenciano es la lengua que interviene en pleitos y litigios. Puchades asegura que no hay retrasos. Desgraciadamente, indica, es muy bajo el índice de personas que utilizan el valenciano en los escritos judiciales y, por regla general, en menos de 48 horas suelen completarse las traducciones que la única técnica lingüística despacha. La finalidad del próximo refuerzo es «darle la vuelta al sistema actual», basado principalmente en traducir documentos del valenciano al castellano por petición de jueces y fiscales. La intención de la Conselleria de Justicia es que los técnicos lingüísticos actúen como «dinamizadores que favorezcan el uso del valenciano y no estén sólo centrados en la traducción».
El Consell, maniatado
El número dos de Justicia califica de «cúmulo de despropósitos» la actuación desvelada ayer por este periódico sobre el abogado que tuvo que acudir a nueve instancias administrativas distintas tras haber presentado su demanda en valenciano. Puchades considera que «no es tanto un problema administrativo como sociológico. El valenciano es considerado como un problema y una fuente de conflicto en el ámbito de la Justicia. Y para ahorrarse cualquier problema o conflicto, muchos eligen el castellano».
La Conselleria de Justicia alega que su capacidad de maniobra es muy limitada en este ámbito de la Administración. «No tenemos ninguna dependencia jerárquica sobre los jueces, fiscales o secretarios judiciales. Nada podemos hacer con ellos más que recordarles lo que dice la ley y que la ley hay que cumplirla». Los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial; los secretarios judiciales dependen del Ministerio de Justicia; y los funcionarios de los cuerpos de gestión procesal, tramitación y auxilio judicial están transferidos a la Generalitat „nóminas, traslados, formación„ pero siguen regulados por una ley orgánica del Poder Judicial.
A pesar de ello, a principios del mes de marzo el secretario autonómico de Justicia envió una carta de dos páginas a todos los órganos judiciales del territorio valenciano. En la misiva, Puchades traslada la intención del Consell de «incentivar el uso del valenciano en la Administración de Justicia» y alienta a los letrados de la Administración de Justicia „los antiguos secretarios judiciales„ a «dar un paso adelante a la hora de utilizar preferentemente la lengua propia de la Comunitat Valenciana en todas aquellas comunicaciones que emanen de su órgano judicial. Sólo de esta forma conseguiremos entre todos ampliar el uso del valenciano en el mundo judicial».
Dicha carta reivindica los derechos lingüísticos de los ciudadanos y recuerda que la ley reconoce que «la presentación de la documentación en valenciano tiene plena validez sin necesidad de traducción y sin que ello suponga retrasos en la tramitación».
Cursos reactivados
La Generalitat ha recuperado ya los cursos de conocimiento de valenciano dirigidos específicamente al funcionariado judicial de la Comunitat Valenciana, que dejaron de realizarse en 2009 „excepto en Valencia„ por falta de presupuesto. A esta formación lingüística pueden acudir también los jueces, fiscales o letrados de la Administración de Justicia. Pero para ellos es optativo.
