30 de marzo de 2016
30.03.2016
Operación Taula

Bonig pedirá a Génova que tire a los concejales y no descarta hacerlo ella por desobediencia

El PPCV esperará a que venza el plazo de ultimátum, que pasa al día 12 por el retraso en correos - Santamaría avanza que se personarán en el expediente

30.03.2016 | 02:33
Bonig pedirá a Génova que tire a los concejales y no descarta hacerlo ella por desobediencia

El acuerdo alcanzado entre los concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales y el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP según el cual quedan suspendidos de militancia pero siguen en el grupo popular podría tener un final aún más amargo para los afectados. En ello está trabajando la dirección regional del PPCV que preside Isabel Bonig, para quien la retirada del carné no es suficiente e insiste en que los imputados deben dejar el acta. En principio, el PPCV pasará la pelota a Madrid instando a la dirección nacional a que los expulse, pero en la calle Quart no se descarta abrir otro expediente, esta vez desde la regional, para echarlos por desobediencia.

La posición pública de la cúpula regional de que deben dimitir será la que se traslade formalmente al órgano interno de la dirección nacional, que durante la semana fallera abrió un expediente informativo a la exalcaldesa Rita Barberá y a los concejales y asesores investigados en la Operación Taula. El presidente de la gestora de Valencia ciudad, Luis Santamaría, a quien ayer le tocó dar la cara, adelantó que el partido podría personarse en el expediente abierto por Madrid que, recordó, no está cerrado. «La suspensión de militancia es un trámite más», apostilló Santamaría que, además, negó discrepancias con Génova: «La comunicación funciona», añadió.

El también diputado autonómico indicó que el partido esperará a que se agote el plazo dado a los concejales para que se vayan voluntariamente después de la carta-ultimátum enviada por el PPCV. En principio, el plazo acababa el martes, día 5 de abril, pero dado que la misiva enviada por correo certificado llegó ayer a los ediles, el plazo vencerá el día 17 de abril.

La idea en la que trabaja la regional es trasladar a Génova la posición de enroque de los concejales (ayer el exportavoz Alfonso Novo insistió en que no se irán) y apretar para que el expediente se cierre con una expulsión, la única vía posible para forzar que los concejales salgan del grupo popular y pasen a la condición de no adscritos. Fuentes del PP valenciano precisaron que si Madrid no atiende su petición, serán ellos quienes tendrán que responder ante la opinión pública por falta de contundencia. En el PPCV confían también en que en este tiempo de espera avance el proceso judicial y puedan ir despejándose algunas cuestiones. Cabe recordar que los ediles acordaron en un comunicado público irse si cuando se levantaba el secreto de sumario y se constatara un auto judicial con su condición de investigados. Aunque siguen estando imputados, los afectados se agarran a que no hay un auto especificando su situación. Una resolución en este sentido daría más argumentos a la dirección regional que, en todo caso, no comparte la interpretación de los ediles.

Esta posición da pie al plan B que medita Bonig. Madrid tiene abierto un expediente por la investigación judicial, por lo que la regional no puede abrir otro por los mismos hechos. Ahora bien nada impide abrir otro por un motivo diferente. Tal como informó este diario, el Comité Regional de Derechos Garantías que controla Bonig podría aducir al menos tres artículos del reglamento interno para justificar falta muy grave y expulsión. Una de ellas por desobediencia o por mantener un pulso público con los órganos del partido. La competencia la tiene Valencia y Génova tendría muy complicado desautorizarles.

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