El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, abrió ayer el abanico de posibilidades para recuperar las concesiones sanitarias y cumplir con el Pacte del Botànic al anunciar que había dado instrucciones a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y al conseller de Hacienda, Vicent Soler, de iniciar negociaciones con la aseguradora DKV para entrar en la gestión del departamento de la Marina Alta.

El anuncio lo hizo en una visita institucional a Pedreguer donde, como ya es habitual, le estaban esperando medio centenar de miembros de la plataforma que reclama desde hace años un nuevo centro de salud, infraestructura que la concesionaria sanitaria Marina Salud (participada mayoritariamente al 65 % por DKV y por Ribera Salud en un 35%) no tiene previsto realizar. Las críticas por la gestión sanitaria de Marina Salud y la presión política de los mandatarios locales por ello se unen a los malos resultados que está cosechando DKV en esta aventura empresarial que comparte con Ribera Salud, principal gestor de las concesiones valencianas ya que controla en exclusiva los departamentos de la Ribera, Torrevieja y Elx-Crevillent.

Desde DKV ayer no quisieron hacer comentarios a la «oferta» de Puig y se remitieron a lo dicho por su consejero delegado, Josep Santacreu, en la presentación de su balance de resultados de 2015. El responsable reconoció que la compañía «está obligada a tener abiertas todas las opciones» al respecto de su futuro en Marina Salud tras certificar que el departamento les había generado unas pérdidas el año pasado de 3 millones de euros. Santacreu aseguró que lo mejor sería finalizar el contrato a 15 años, pese a que habían pasado «muchas cosas».

La apertura de esta posibilidad de negociación ha sido recogida por Puig que aseguró que «una de las vías» para revertir el departamento a la gestión pública «en un plazo razonable» era «la adquisición de las acciones de DKV (€) A nosotros nos gustaría que pudiera haber una fórmula razonable y financiable por parte de la Generalitat», aseguró, al tiempo que incidió en que la falta de recursos hacía imposible asumir la reversión directa de ésta y del resto de concesiones.

La concesionaria en la Marina Alta tiene el contrato en vigor hasta 2024 y, de no ser por esta posibilidad de entrar en el accionariado (con encaje jurídico desconocido por el momento), el Consell no tiene manera de recuperar la gestión hasta el final de los contratos, principalmente, por falta de dinero. Esta falta de financiación sería también el principal lastre para que la negociación con DKV llegara a buen puerto.

Según ha podido saber este diario, la consellera de Sanitat, Carmen Montón, ya se habría sentado a la mesa con DKV para abordar esta transacción. Sanitat está realizando ahora auditorías en los diferentes centros del modelo Alzira como paso previo a justificar la negativa a prorrogar el primer contrato que vence en marzo de 2018, el del departamento de la Ribera. De consumarse ambos proyectos (la entrada en Marina Salud y la reversión en Alzira en 2018) Sanitat podría llegar a recuperar en esta primera legislatura dos de las cinco concesiones sanitarias según lo marcado en el Pacte del Botànic.