El ex diputado de empresas públicas de la Diputación de Valencia (entre ellas Imelsa) y ex alcalde de Sedaví, Rafael Pérez, declaró el pasado 17 de marzo, como imputado, ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que investiga la «Operación Taula», la trama de corrupción por el presunto cobro de comisiones y amaño de contratos en la institución provincial, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.
La declaración de Pérez como investigado se prolongó durante tres horas, en las que se mostró muy colaborador, según aseguran a Levante-EMV fuentes conocedoras de su comparecencia. Pérez ha sido citado a declarar como investigado en la «Operación Taula» por estampar su firma en los grandes contratos de la empresa pública Imelsa (Impulso económico y local SA), que están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción e Instrucción 18.
En la etapa en la que fue gerente de Imelsa Marcos Benavent, el «ex yonki del dinero confeso», (2007-2014), Rafael Pérez ya era responsable del área. Por su condición de diputado de las empresas públicas de la Diputación de Valencia (Imelsa, Girsa y Egevasa), Rafael Pérez participó en las mesas de contratación y estampó su firma en las adjudicaciones de cuatro grandes contratos de Imelsa investigados en el «caso Taula». El interrogatorio al ex alcalde de Sedaví habría girado sobre estas contrataciones que están bajo sospecha.
Se trata del contrato de gestión informática de la información y recaudación tributaria adjudicado a la empresa T-system (salpicada también por el «Caso Pujol») por un total de 2.240.000 euros (sin IVA). A esta misma empresa, el ex gerente Marcos Benavent le adjudicó un añadido extra, a dedo, por 55.800 euros. La Fiscalía Anticorrupción tiene pruebas por escrito del plan para amañar esta concesión. Uno de los exdirectivos de Imelsa detenidos en la «Operación Taula», Salvador Deusa, participó muy activamente en esta adjudicación y pretendía reunir a los miembros de la mesa de contratación para que sus objetivos «se alinearan con los del presidente [Rus]». De este órgano de contratación también formaban parte el jefe de servicio de gestión tributaria, Ricardo Ángel, o el de gestión informática, José Benedito.
Otros de los contratos millonarios de la diputación en materia catastral, tributaria e informática que están en tela de juicio son el adjudicado a Estudis i Serveis Cadastrals por 630.000 euros (más IVA) y el Call Center tributario que fue a parar por 842.000 euros a Servimun, vinculada al exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, también detenido e imputado. La investigación judicial del «Caso Taula» también revisa la adjudicación a la empresa Alfatec, por 417.000 euros, de los servicios de tareas informáticas de apoyo a la explotación del sistema de información y gestión tributaria de la Diputación de Valencia.
