El empresario alicantino Enrique Ortiz ha reconocido la financiación ilegal del Partido Popular de la Comunitat Valenciana en las campañas electorales de los años 2007 y 2008.
En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Levante-EMV, Ortiz admite las tesis de las acusaciones y consigna los 40.000 euros que le reclamó el juez en el auto de apertura de juicio oral. Por esa razón, pide la atenuante de "confesión tardía de los hechos" y que la pena se rebaje de cuatro a un año y tres meses de reclusión.
El documento solicita también que la pena de prisión se sustituya por el pago de la correspondiente multa y, en caso de que no se acordara esta solicitud, "suplica" que el tribunal "acuerde la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad".
Según el auto de apertura de juicio oral que dictó el juez José de la Mata el pasado 26 de febrero, los empresarios pagaron actos electorales a Orange Market, la empresa que tenía en exclusiva los actos de campaña de los populares. Esos pagos se camuflaban con facturas falsas por servicios no prestados.
La decisión judicial obliga a sentarse en el banquillo a cinco dirigentes de la cúpula de Francisco Camps, responsables de las campañas electorales de 2007 y 2008 y de las finanzas del PPCV: Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, Cristina Ibáñez y Yolanda García.
Junto a ellos los habituales cabecillas de la trama Gürtel imputados en el resto de piezas: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', Cándido Herrero y Ramón Blanco Balín. También tendrán cita con la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional diez empresarios valencianos de la construcción: el propio Enrique Ortiz, Enrique Gimeno, Antonio y Alejandro Pons Dols, Gabriel Batalla, Tomás y Rafael Martínez Berna, José Francisco Bernia, Enrique Fresquet y Vicente Cotino Escribá.
