La Fiscalía Anticorrupción espera para los próximos diez días confesiones en cadena por parte de la práctica totalidad de empresarios implicados en la trama de financiación ilegal del Partido Popular valenciano tejida alrededor del caso Gürtel.
Los abogados del constructor alicantino Enrique Ortiz han presentado en la Audiencia Nacional un escrito de defensa en que el empresario confiesa que costeó de forma ilegal actos electorales del PP a través de la trama Gürtel. La confesión, primera de un gran empresario, causó desde primeras horas de ayer un auténtico terremoto político y económico en toda España de consecuencias impredecibles para los populares, dentro y fuera de la Comunidad Valenciana.
La admisión del constructor alicantino Enrique Ortiz de todos los delitos que le atribuye la fiscal Miriam Segura, relativos a prácticas corruptas para costear la campaña electoral del PP-CV en 2008, conlleva, de facto, una notable rebaja en las penas. Los abogados del constructor, que se enfrenta a cuatro años de cárcel por financiar actos electorales que la empresa Orange Market organizó para los populares, han admitido la postura de las acusaciones y solicitado a la Audiencia Nacional el atenuante de «confesión tardía de los hechos», lo que reduciría la condena a un año y tres meses de prisión. Además, la defensa de Ortiz solicita también que la pena de prisión se sustituya por el pago de multa. Si esta petición no se acordara, Ortiz «suplica» que el tribunal «acuerde la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad».
La solicitud atañe también al delegado del grupo de empresas de Ortiz en Valencia, José Francisco Beviá, para quien Anticorrupción pide tres años y la defensa reclama que se rebaje a 15 meses.
Siete años después de que el caso Gürtel revelara las prácticas corruptas del PP de Francisco Camps, Enrique Ortiz ha sido el primer empresario en confesar que se extendían facturas falsas a la empresa de Francisco Correa por servicios que en la mayoría de los casos jamás se prestaron. En el caso de Ortiz, la Audiencia cifra estas cantidades en 348.000 euros que el PP empleó para las generales de 2008. Junto al alicantino, implicado también en otras tramas de corrupción del PP investigadas por la Justicia, se sentarán en el banquillo algunos de los principales dirigentes de la era Camps y diez empresarios, la mayor parte ligados a la construcción. Entre ellos, el ex presidente de la patronal de Alicante (Coepa), Rafael Martínez Berna, o Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Los procesados son, entre otros, titulares de empresas del ladrillo como CHM, Sedesa o Lubasa, habituales en las adjudicaciones de obra pública del Consell.
Las penas
Correa y los demás cabecillas de la trama se enfrentan a penas de hasta 27 años de cárcel. Para los cargos públicos se solicitan hasta ocho años de prisión. La nómina incluye al exvicepresidente Vicente Rambla; el exsecretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; la gerente, Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de organización, David Serra y la antigua tesorera, Yolanda García. Encausados todos ellos por delitos electorales, fraude fiscal y falsedad documental, para los empresarios también se solicitan condenas de entre dos y seis años de reclusión.
Entre los miles de minutos de grabaciones telefónicas con Enrique Ortiz de protagonista, aparecen conversaciones entre éste y David Serra en las que se habla directamente de las facturas y de la urgencia del PP en su abono.
El acuerdo con la Fiscalía, que el entorno de Enrique Ortiz no reconoce como tal, también se extiende a la acusación popular representada por el PSPV. La prueba de que la confesión del presidente del Grupo Cívica, cabeza visible del Hércules de Alicante o principal promotor de la implantación de Ikea en la capital, ha sido muy testada por sus abogados (y prácticamente consensuada con el PSOE), es que los servicios jurídicos del partido socialista conocían sobradamente la estrategia jurídica de Ortiz.
La defensa del constructor inició hace menos de un mes los contactos con Anticorrupción para confesar lo evidente y tratar de rebajar las penas de prisión. Los socialistas no pusieron pegas, conscientes de que la apertura de juicio oral dictada en febrero permite al PSPV atacar la financiación ilegal del PP. Ni Ortiz ni el resto de empresarios constituyen el principal objetivo de la formación que dirige Ximo Puig, cuya pretensión, como la que se deduce de la anuencia de la fiscal, pasa por demostrar que los populares se financiaban de forma ilegal.
Anticorrupción espera que en los próximos días el resto de empresarios presenten ante la Audiencia escritos de defensa similares al de Ortiz. Aunque las garantías no son absolutas, un acuerdo en las penas libera de modo notable el temor más aterrador para los encausados: pisar la cárcel.
Los pagos a Orange Market no sólo infringían la ley de financiación de partidos, sino que eran del todo ilegales por cuanto se trataba de empresas con contratos públicos y las facturas emitidas no habían costeado servicio alguno.
