La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha pedido que no se dilate «más allá de lo necesario el proceso de estudio y toma de decisión» de cualquier proyecto de inversión que un grupo empresarial proponga llevar a cabo en la Comunitat Valenciana. Esta exigencia en forma de lamento es la que la patronal provincial lanzaba ayer a la administración, tras conocerse que el grupo Singapur-ARC abandona la idea de ubicar un casino-hotel en la Marina Real de Valencia.

La patronal provincial „con quien también comparte postura la autonómica Cierval„ teme que los tiempos y las trabas de la administración se conviertan «en un elemento disuasorio para atraer futuras inversiones». Según la CEV, la Comunitat Valenciana necesita estas inversiones empresariales para que «dinamicen la actividad y generen puestos de trabajo en un momento en los que todos los territorios compiten por atraer inversiones foráneas y nacionales», apuntaron. Es por ello por lo que pidieron que cualquier propuesta «sea valorada y analizada con diligencia y objetividad, dando por supuesto que cumple con las normativas pertinentes».

El entramado empresarial singapurense preveía invertir 1.000 millones de euros en el desarrollo del proyecto lo que, según calculaban, podría llegar a generar 20.000 puestos de trabajo y un impacto de 11 millones de euros en la economía valenciana en cinco años. No obstante, como publicó ayer Levante-EMV, Singapur-ARC ha desistido por «impedimentos» políticos y ahora intentará crear este gran hotel de lujo con un área de esparcimiento en Venecia o Málaga.

Dejar pasar una inversión de esta envergadura es «una barbaridad» para Rafael Cantó, secretario de Acción Sindical de CSIF-CV, quien considera que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, está actuando como Ada Colau, primera edil de Barcelona, que ha «vetado» la ubicación de hoteles en algunas áreas de la capital catalana. Cantó lamentó las consecuencias que esto tendrá para las personas desempleadas.

Por su parte, Miguel Santiago, secretario de Organización de la Federación de Servicios de CC OO-PV defiende que nuevas empresas se implanten en territorio valenciano y generen puestos de trabajo, «pero no a cualquier precio». Recuerda lo ocurrido con el proyecto Eurovegas que quería ubicarse en Madrid pero exigía modificaciones legales. Los empleos que se generen deben crearlos empresas «que respeten los derechos laborales y la normativa medioambiental, garanticen los accesos a la zona y no creen conflictos en la ciudad», explicó Santiago. «No puede ser que se tenga que modificar la legislación para que venga una empresa», apostilló. En la misma línea se manifestó la Associació Valenciana d'Agricultors-Asaja creen que una inversión de esta dimensión «requiere meditar en profundidad» antes de ser aceptada o rechazada. «Es chocante que una inversión de 1.000 millones de euros se rechace. Es posible que el ayuntamiento maneje proyectos alternativos, pero tendrían que ser muy sólidos». Desde el sindicato piden que este tipo de propuestas se mediten «con calma».

Desde la conselleria de Economía afirman que cuando estudiaron la propuesta, pidieron más información de algunas exigencias «poco claras», como las exenciones fiscales, la eliminación de una calle, la creación de un jardín botánico o que el grupo no iba a revelar datos económicos en España porque ya lo hace en Singapur, Australia o las Islas Caimán, lo que consideran que podía «no ofrecer demasiadas garantías financieras». El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ayer se limitó a apoyar las decisiones de Vicent Llorenç, director general del Consorcio Valencia 2007, y aseguró que el Consell «está abierto a recibir y estudiar todas las propuestas».

No han querido pronunciarse la Unió de Llauradors, porque «no le compete», ni UGT. Este diario también intentó contactar con representantes de Intersindical, la Autoridad Portuaria, la Cámara de Comercio, y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), con resultado infructuoso.