Cuando Isabel Bonig tomó las riendas del PP valenciano, en julio de 2015, sabía que no lo tenía fácil. Su partido, omnipotente y omnipresente durante dos décadas, acababa de pasar a la oposición. El desánimo era evidente en las filas populares, sobre todo, entre la bases y los dirigentes locales que tenían la sensación de haber pagado los errores de otros. La corrupción había marcado ya la anterior legislatura y la nueva cúpula regional asumía que estos casos (no sólo los de la Comunitat Valenciana, sino también los que afectaban al corazón de Génova) habían provocado la huida de muchos votantes. No se necesitaba ser visionaria, para entender que el panorama era sombrío. Bonig, una mujer vitalista y de carácter fuerte, se tomó el reto con determinación. Con Margaret Thatcher como referente, Bonig proclamó con entusiasmo aquello de que reclutaría un ejército de legionarios y guerreros para hacer frente a la travesía en el desierto que esperaba al PP y reconquistar en 2019 el Palau de la Generalitat.
Pero todo esto fue antes, hace ocho meses y la ilusión duró poco, poco más de lo que duró el verano. Los populares comenzaron a creerse aquello de que podían hacer oposición. La desorientación del bipartito al llegar a la Generalitat y ciertos vicios ligados al ejercicio del poder de los que no se han librado PSPV y Compromís, dieron cierta vida al PP en su nuevo papel de Pepito Grillo del Ejecutivo.
En otoño, regresaron a la actualidad los negros nubarrones de los casos de corrupción de años anteriores vía tribunales, pero la traca final de la operación Taula tras las Navidades ha empujado al PP valenciano y a su lideresa Isabel Bonig a un agujero negro del que a duras penas pueden salir.
El caso pintaba feo desde el principio (mordidas, blanqueo de dinero, malversación de caudales públicos) con prácticamente todo el rusismo implicado, pero el problema para Bonig se acentuó cuando el foco se centró en la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la persona a la que Bonig debía en buena medida la oportunidad de ser la sucesora de Alberto Fabra. Y no hay nada peor que tener de adversario a quien durante mucho tiempo ha sido tu amigo.
Bonig no es una persona que se arrugue con facilidad, pero hasta quienes más cerca están de ella reconocen que se encuentra en un auténtico atolladero. El pulso con los concejales de Valencia para que dejen el acta o se conviertan en diputados no adscritos puede acabar quemándola. En parte Bonig ha unido su destino al de los ediles: «Ella no va de farol», apunta un dirigente del partido que cree que el dilema al que se enfrenta Génova se saldará a favor de Bonig. «O la dirección regional, o los concejales», remacha la citada fuente. La lideresa, que en privado no esconde cierto hartazgo por la presión a la que está sometida, lanzó esta semana un órdago en toda regla a la dirección nacional: «Si alguien dice que me he equivocado, me marcho», indicó en alusión a Génova y su defensa de que los regidores investigados por blanqueo de capitales deben irse. En la cúpula regional confían en que su posición de mano dura sea la que triunfe ya que argumentan que el problema no es sólo la pieza separada que afecta a los ediles. La operación Taula dará muchos titulares en los próximos meses. El grueso del sumario sigue bajo siete llaves y cuando se airee el seísmo puede ser brutal. Hay, recuerdan, otros casos pendientes (la confesión de Enrique Ortiz sobre la financiación irregular es otro zarpazo para la siglas) que obligan a la dirección regional a actuar con la máxima contundencia. «No hay otro camino posible» , indica otro dirigente.
Sin embargo, hay voces del partido que creen que Bonig saldrá mal parada del envite. Y ello porque en el paquete de los concejales está Barberá. «Se ha demostrado que sigue teniendo poder en Génova», indica una persona con conexiones en Madrid. Barberá es, de hecho, el factor clave para entender por qué Génova se ha inmiscuido en el conflicto y ha tomado el control del expediente informativo y, por consiguiente, de las medidas disciplinarias, una competencia que depende de la dirección regional. Para algunos, la desautorización que niega Bonig ya se produjo la semana pasada cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías aceptó suspender de militancia a los regidores y mantenerlos en el grupo a pesar de la pública y notoria reclamación de Bonig de que deben salir del mismo. Para esta fuente, la sombra de Barberá es evidente, pues, en caso contrario, no se entiende que dos ediles de una ciudad (en alusión a Alfonso Novo y Beatriz Simón) se planten en Génova para llegar a un acuerdo al margen de la regional. «Barberá manda mucho», remata la citada fuente. «Y les aprieta», añade otra. En el PPCV está instalado el convencimiento de que la rebelión de los concejales se produce bajo el influjo de Barberá, pues les habría convencido de que si el Supremo rechaza llamarla a declarar, ellos están salvados.
Si Génova no actúa a Bonig le queda el cartucho del abrir su propio expediente por desobediencia, una decisión que tiene su riesgo porque se evidenciaría que está sola en esta guerra. Bonig se la juega porque, sin la bendición ya de Barberá y seguramente de Rajoy, su futuro (a corto y largo plazo) estará muy condicionado dependiendo de qué facción tome el control de Génova cuando estalle la pugna entre renovadores y marianistas. El camino de Bonig para convertirse en la primera presidenta de la Generalitat se antoja largo y plagado de minas. Y ahora se encuentra encima de una de ellas.
