Preferían una ayuda económica que les permitiera recibir cuidados del entorno familiar o pagar a un asistente personal, pero les adjudicaron una plaza en una residencia. Sin embargo, dos sentencias „una del TSJ, de noviembre de 2015 y otra del Tribunal Supremo, de diciembre del mismo año„ regula el derecho del beneficiario a elegir la ayuda que quieren percibir del sistema de Dependencia.
Los dos fallos judiciales han supuesto un giro en la aplicación de la Ley de Dependencia y los resultados ya son visibles en la Generalitat Valenciana. De hecho, en tan solo un mes y medio la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha resuelto 2.369 expedientes de usuarios que tenían adjudicada una plaza en una residencia y preferían ayudas económicas. De esta forma, a 31 de diciembre de 2015, el número de prestaciones económicas resueltas para cuidados en el entorno familiar y soporte a los cuidadores no profesionales era de 21.486, con un importe económico mensual de 5.364.879.
Ahora bien, según el informe que data del 18 de febrero de 2016, un mes y medio después, el número de resoluciones alcanza las 23.855 y el importe económico mensual asciende a 6.914.374. Por provincias, Alicante ha pasado de 7.778 prestaciones resueltas a 31 de diciembre de 2015 a 8.545 a 18 de febrero de 2016 (lo que supone 767 expedientes más en mes y medio); mientras que en Castelló se han resuelto 317 informes más (al pasar de 2.198 a 2.515). Valencia es la provincia que más ha aumentado las resoluciones al pasar de 11.510 a 12.795, lo que supone 1.285 prestaciones aprobadas en apenas 45 días.
Esfuerzo inversor
Para la portavoz de Política Social del grupo socialista en las Corts Valencianes, Concha Andrés, durante años, que los dependientes recibieran prestaciones económicas «era una excepcionalidad». «Muchos dependientes preferían residir en su entorno y precisaban de ayudas económicas. Sin embargo, el anterior gobierno les adjudicaba una plaza en una residencia y punto. Ha habido recursos en los tribunales al respecto, hasta que salió la sentencia del TSJ, ratificada más tarde por el Tribunal Supremo, donde queda claro que el derecho a decidir la ayuda que precisa es del beneficiario y no de la Administración.
De hecho, en apenas mes y medio se han resuelto más de 2.300 expedientes de personas que tenían adjudicada una plaza de residencia y no la querían por diversos motivos. Ahora tendrán la ayuda económica que demandaban. Esto supone una inversión enorme y un gran esfuerzo de este Consell porque ronda los 83 millones de euros al año».
Para Concha Andrés, la aplicación de la Ley de la Dependencia «ha estado paralizada por el PP en la Comunitat Valenciana durante años, y ha causado un gran perjuicio a los dependientes. Es una ley socialista, puesta en marcha por un gobierno socialista que ha supuesto un paso enorme en bienestar social. Sin embargo, el PP no aplicaba la ley. De hecho, nos encontramos con más de 40.000 solicitudes pendientes. Nosotros hemos incrementado la partida de 29 a 39 millones solo para ayudas a la dependencia».
Concha Andrés también destacó el aumento que se ha realizado en las prestaciones económicas vinculadas al servicio para personas beneficiarias en situación de dependencia. «Todas las cuantías han aumentado, tanto en servicio residencial como en centros de día y ayuda a domicilio», concluyó.
