Durante casi una hora de conferencia, el presidente Puig se mostró satisfecho de su gobierno por la supresión de copagos, gratuidad de libros de texto, Agencia de la Innovación o el plan para suprimir colegios en barracones, y subrayó, sin atribuírselos, los buenos números en turismo, exportaciones y producción industrial, «aunque aún tenemos 461.664 parados», dijo.

Pero la relación autonómica con los gastos del Estado consume una y otra vez sus energías. «Además de buscar culpables para evitar asumir su propia responsabilidad, está un sustrato ideológico: la recentralización y el debilitamiento del Estado de Bienestar» afirma Puig. «Por eso fijaron para las comunidades un objetivo de déficit en 2015 del 0,7 % del PIB y para la Administración Central el 2,9 %.

Nadie ha explicado las razones de esta distribución.Por qué no una asignación al menos proporcional al gasto que se gestiona, lo que significaría atribuir un objetivo a la Administración Central del 2,07% de PIB y un 1,53% de PIB a las comunidades? Cambiaría radicalmente la visión de cumplidores a incumplidores»