El área de Carreteras es el departamento que más presupuesto acapara de la Diputación de Valencia. Alguno de los contratos de este departamento están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia en el marco de la operación Taula, que sigue bajo secreto de sumario, por lo que no se conoce el detalle de las investigaciones.

Pero la institución provincial, que ahora dirige el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez, ha de seguir manteniendo los 2.000 kilómetros de vías comarcales que dependen de ella. Y van a introducir un importante matiz en su gestión. El área de Carreteras va a «deshinchar» el coste de las reformas o mejoras de las vías y va a primar la oferta económica sobre las cuestiones técnicas en los nuevos pliegos de condiciones que se presentarán mañana.

El actual equipo de la Diputación de Valencia quiere marcar así sus propias líneas estratégicas en materia de infraestructuras al tiempo que anuncia el presupuesto global que destinará este año a las obras públicas. El motivo de primar la oferta económica sobre la técnica está motivado porque los actuales gestores han detectado que, hasta ahora, «el criterio económico oscilaba entre los 57 y los 60 puntos, mientras que la parte técnica, mucho más subjetiva, era mucho más amplio, lo que decantaba la adjudicación pese a que la oferta escogida no fuera la más competitiva económicamente».

De hecho, a partir de ahora el factor económico será «verdaderamente decisivo a la hora de adjudicar las obras, ya que el margen mínimo de 2-3 puntos en la parte económica de las ofertas pasará a ser de, al menos, 10 puntos entre unas y otras ofertas, lo que llevará a los contratistas a tener que ajustar sus precios para tener opciones de que se les adjudiquen las obras», señalan fuentes de la Diputación de Valencia.

Con todos estos cambios se persigue que las empresas que opten a los concursos de carreteras de la Diputación de Valencia tengan «muy claros los criterios de adjudicación, a través de una fórmula clara y transparente que prima lo económico, mucho más objetivo, antes que lo técnico, más subjetivo, sin reducir en ningún momento la baja temeraria». Se trataría, en palabras del diputado de Carreteras, Pablo Seguí, de «pagar lo que vale realmente una carretera y que las empresas que opten a los concursos tengan claro que la parte económica será determinante en los procesos de adjudicación».