El expresidente de la patronal alicantina Coepa y propietario de la Constructora Hormigones Martínez, SA, Rafael Martínez Berna, se reúne hoy con sus abogados para decidir si admite los hechos en la causa de la presunta financiación ilegal del Partido Popular, tal como hizo la semana pasada el empresario Enrique Ortiz, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de los hechos. Martínez Berna se enfrenta a cinco años de cárcel en la pieza del caso Gürtel, que sentará en el banquillo de los acusados a cinco altos cargos del Partido Popular en 2007 y 2008 y diez empresarios de la construcción por la presunta financiación ilegal del PP durante las campañas electorales de 2007 y 2008.
Rafael Martínez Berna podría no ser el único que siga la senda abierta por el empresario Enrique Ortiz ya que también podrían sumarse al reconocimiento de la presunta financiación ilegal del PP el hermano del primero, Tomás Martínez Berna, y el ejecutivo del mismo grupo empresarial Enrique Fresquet Martínez.
Según el auto de apertura de juicio oral del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, los hermanos Martínez Berna y Fresquet Martínez decidieron en 2007 «abonar una parte de los gastos del PPCV en cuantía de 199.520 euros». Para dar apariencia de legalidad a estos pagos, la sucursal valenciana de la trama Gürtel, Orange Market SL, «elaboró diversas facturas que suponían la prestación de servicios a las sociedades del grupo empresarial Vallalba, SL [propiedad de los hermanos Martínez Berna], lo que realmente no había sucedido».
De esta manera, el Grupo Vallalba, SL, del que formaban parte las empresas Constructora Hormigones Martínez (CHM) Obras e Infraestructuras, SA, y Padelsa Infraestructuras, SA (Pavimentos del Sureste, SA) abonaron en 2007 cuatro facturas a Orange Market por «lonas publicitarias, asesoramiento en relaciones públicas, estudio corporativo y de impacto» que, realmente nunca se ejecutaron, según el auto de apertura de juicio oral del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El dinero pagado mediante estas cuatro facturas falsas se destinó, supuestamente, a pagar las campañas electorales municipal y autonómica del Partido Popular en 2007. El Grupo Vallalba SL fue el tercer mayor contribuyente a las campañas del PP aquellos años, sólo por detrás de la mercantil cantil Facsa y Aguas de Castelló (que pagó 350.000 euros) y de las empresas de Enrique Ortiz (que desembolsó 348.115 euros para las generales de 2008).
Por estos hechos, los hermanos Martínez Berna se enfrentan a cinco años de cárcel: un año por cada convocatoria electoral que sufragaron ilegalmente al PP y otros tres años por falsedad en documento mercantil, por abonar las facturas falsas a Orange Market. Como responsabilidad civil subsidiaria el juzgado también les exigía una fianza de 41.867 euros a cada hermano Martínez Berna. El empresario Fresquet «sólo» se enfrenta a tres años de cárcel y 12.000 euros de multa por un delito de falsedad en documento mercantil.
Unas penas que podrían reducir considerablemente si, como hizo la semana pasada Enrique Ortiz, admiten los hechos y solicitan la atenuante de confesión tardía que podría reducir a menos de dos años la pena de prisión que solicita para ellos la Fiscalía Anticorrupción, además de abonar la fianza que les exigía el Juzgado de Instrucción central número 5 de la Audiencia Nacional.
Si los hermanos Martínez Berna y Fresquet Martínez admiten los hechos ya serían cinco los empresarios alicantinos -junto a Enrique Ortiz y su lugarteniente José Francisco Bevia- que admiten haber financiado ilegalmente al Partido Popular en los comicios de 2007 y 2008. El resto de constructores imputados son de Castelló y de Valencia, entre ellos, el sobrino de Juan Cotino, Vicente Cotino.
