Primero fue la sanidad universal en la Comunitat Valenciana, ahora el copago farmacéutico. El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha colocado en su punto de mira varios decretos que el Consell salido de las urnas el pasado mes de mayo ha ido promulgando para «rescatar personas» y frenar la política de recortes sanitarios del Partido Popular. En esta ocasión, y según publicó ayer el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), se trata de un recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones que permitían subvencionar los tratamientos médicos de pensionistas y personas con diversidad funcional.
Estos colectivos estaban obligados a abonar un porcentaje de sus medicamentos desde que entró en vigor en 2012 el decreto de copago farmacéutico. Con la llegada de PSPV y Compromís al ejecutivo valenciano, apoyados por Podemos, se decidió lanzar una línea de subvenciones para contrarrestar este desembolso, ya que la ley estatal continúa vigente y el gobierno autonómico no puede derogarla.
Los beneficiarios de estas ayudas, vigentes desde el pasado 1 de enero, son pensionistas que cobran menos de 18.000 euros brutos anuales y personas con un grado de discapacidad igual o mayor al 65 %. En total, unas 807.000 personas, según los cálculos de la Conselleria de Sanitat.
De momento, las subvenciones continúan vigentes, aseguraron a Levante-EMV fuentes de la cartera de Carmen Montón. Ahora será un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) quien decida si admite a trámite o no el recurso de la abogacía del Estado. Se ha concedido un plazo de 15 días para la personación de las partes.
«Tiene una obsesión»
La consellera Carmen Montón replicó ayer tras conocer la existencia del recurso que «el gobierno en funciones de Mariano Rajoy tiene una obsesión en defender los recortes sanitarios puestos en marcha por el PP y enfrentarse a las medidas de recuperación de derechos sanitarios impulsadas por el Consell».
«Con medidas como esta, el Gobierno de Rajoy no solo se enfrenta al Consell, sino, lo que es mucho más grave, a las miles de personas que ahora ya pueden acceder a los tratamientos médicos prescritos por su médico que no iniciaban o no continuaban debido a los copagos», señaló Montón. Según los cálculos de la conselleria, entre septiembre de 2014 y agosto de 2015 el copago farmacéutico provocó que los pensionistas de rentas bajas renunciasen a iniciar 468.909 tratamientos (un 32% de los prescritos por los médicos) y otros 198.607 tratamientos fueron abandonados al poco de iniciarse (16%). En total 400.000 jubilados con rentas bajas optaron por no comprar o no seguir tomando los medicamentos que les habían recetado.
En este sentido, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en la C. Valenciana señaló que este decreto atenta contra uno de los colectivos «más vulnerables», aquellos que cobran menos de 1.000 euros al mes. «Eran unos decretos destinados a personas que dejaban de medicarse porque no tenían dinero. Es una barbaridad que no vean la sensibilidad del tema», lamentan fuentes de Cocemfe. «Si el recurso prospera volveremos a ver reportajes con casos alarmantes de desamparo», añadieron.
