El entonces director de Régimen Económico de la conselleria de Sanidad, Vicente Rambla, prácticamente se estrenó en su cargo en el primer gobierno de Eduardo Zaplana, en 1995, con el envío de un escrito a los proveedores con los que el departamento tenía facturas pendientes de abonar de los años 1993 a 1995. En el escrito, Rambla les asegura que es consciente de la «problemática financiera» en la que se encuentran los acreedores y les traslada que trabaja en la elaboración de un calendario para pagar las deudas. «Espero comprendan que la situación financiera recibida del anterior equipo gestor de la conselleria de Sanidad y Consumo —PSPV-PSOE— no permite atender con prontitud los pagos», recoge el escrito, en el que se les asegura a los proveedores que cobrarán en el más breve plazo de tiempo posible. En ese punto, el entonces director general y después conseller les pide una relación de facturas pendientes con indicación de importes y fechas para contrastarlas con la información del Consell.
La ocultación de facturas fue denunciada por la Sindicatura de Comptes en un informe sobre la asistencia sanitaria del año 2000. Sanidad comunica en septiembre de 2001 que las obligaciones no reconocidas ascendían a 14.163 millones de pesetas. El 8 de noviembre vuelve a comunicar una nueva relación provisional por 24.201 millones y la Intervención de la Generalitat (que depende de la Conselleria de Hacienda) advirtió en 2004 de la «persistencia de la Conselleria de Sanidad en la práctica de seguir gastando sin presupuesto».
