El president de la Generalitat lo anunció la semana pasada. Solo siete días después, los consellers de Hacienda y Sanidad, Vicente Soler y Carmen Montón, se han sentado a la mesa con los responsables de la aseguradora DKV para intentar llegar a un acuerdo que permita a la empresa salir de la concesión sanitaria de la Marina dejando en manos de la administración el 65 % de sus acciones.
El Consell, a través de este acuerdo, conseguiría recuperar mucho antes de lo previsto el control de uno de los departamentos sanitarios cuya gestión está en manos privadas hasta 2024.
Según la escueta nota oficial que el gabinete de prensa de la Generalitat emitió ayer por la tarde, Soler y Montón se sentaron a la mesa en la sede de la Conselleria de Sanidad con el director general financiero de DKV, Javier Cubria y el consejero delegado del grupo de seguros médicos, Josep Santacreu, el mismo que hace solo unas semanas presentaba pérdidas en el balance anual de las cuentas de la empresa por culpa de la gestión de Marina Salud S.A. de la que controlan el 65 %.
El 35 % restante está en manos de la empresa Ribera Salud, gestora al 100 % de otras tres concesiones sanitarias: la Ribera, Torrevieja y Vinalopó. La quinta, el departamento de salud de Manises, está controlada por Sanitas.
Sobre el contenido del encuentro y los avances o acuerdos a los que se podría haber llegado, poco trascendió, más allá de que fue una primera toma de contacto y que los acuerdos en firme, de haberlos, se anunciarían a su debido tiempo.
Soler tenía el encargo del presidente Puig de iniciar las conversaciones junto a su homóloga de Sanidad y, por otra parte, valorar cuál sería un precio justo para estas acciones en una empresa con pérdidas. El encargo ya está hecho al Instituto Valenciano de Finanzas El acceso al paquete accionarial tendría la ventaja, frente a la reversión de la concesión y la finalización anticipada del contrato, de que no se tendría que indemnizar a la empresa.
El escollo, la financiación
El anuncio de Ximo Puig en Pedreguer para estudiar esta nueva vía ante el desencanto de DKV levantó suspicacias la semana pasada, sobre todo en el entorno de la firma asociada a DKV en el departamento de la Marina. Desde el entorno de Ribera Salud no dieron mayor trascendencia al anuncio de Puig de que se iban a abrir negociaciones ya que entendían que la oferta ni tenía «sentido» ni recorrido, sobre todo, por la falta de financiación y la necesidad de que la oferta estuviera respaldada por una capacidad económica de la que ahora carecen las arcas públicas.
Precisamente, Puig fue el primero en reconocer que el gran escollo de la operación era la financiación. De llegar a buen puerto la operación, el ejecutivo de Puig habría conseguido la reversión, al final de la legislatura, de dos de los cinco departamentos de salud actualmente en manos privadas ya que el contrato de la Ribera, que termina en 2018, no hay intención de prorrogarlo.
También ayer, la consellera de Sanitat Universal se reunió con alcaldes de la Marina Alta y representantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en la comarca, para abordar la atención sanitaria en la zona muy contestada por el tejido social y político de la comarca.
