El plazo que la dirección regional del PPCV ha dado a los nueve concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales tiene ya fecha definitiva: el próximo martes, día 12. Los populares valencianos tienen desde ayer constancia oficial de que los afectados han recibido la carta con el ultimátum, lo que permite ya la cuenta atrás.

El retraso en Correos ya que la misiva se envió durante las fiestas de Pascuas tenía en un ay a la dirección regional, ya que pese al tiempo transcurrido carecían de constancia del acuse de recibo de los concejales. Sin embargo, la conformación oficial llegó, de tal manera que no se verán obligados a ampliar el plazo dado los concejales tienen para que dejen el acta de forma voluntaria. El PPCV ya ha dejado claro en varias ocasiones que deben cumplir con el compromiso adquirido con Bonig e irse. En caso contrario, elevarán un informe para remitirlo al Comité Nacional de Derechos y Garantías que tiene abierto el expediente informativo solicitando su expulsión del partido, la vía para sacarlos del grupo municipal y dejarlos como concejales no adscritos. Más allá de las líneas rojas contra la corrupción, los populares sostienen su propuesta en la vulneración de los estatutos por desobediencia grave.

El PPCV está interesado en que este pulso con los concejales termine los más rápido posible ya que está seriamente lastrando el liderazgo de Bonig y la acción de oposición del partido. Sin embargo, varias circunstancias están enlenteciendo el proceso. El principal, la decisión de Génova de inmiscuirse y arrebatar al PPCV la iniciativa de la apertura del expediente. Esto obliga a Bonig a tener que esperara a que Madrid cierre el expediente antes de tomar ella misma la iniciativa, en caso de que el órgano disciplinario no concluya con la expulsión.

La primera fecha calculada por la calle Quart fue la del 5 de abril, ya que la misiva se envió un 23 de febrero. En ella se daba un plazo de diez días hábiles, es decir, sin contar festivos. Sin embargo, la carta no llegó al día siguiente como previó la dirección regional, sino el día 29. Ese día el presidente de la gestora de Valencia, ciudad, Luis Santamaría, confirmó que la carta había llegado (también se refirió a ello el concejal Alfonso Novo), por lo la cúpula regional fijó el día 12 de abril, es decir, el próximo martes como fecha límite. Correos hizo llegar ayer el recibí a la sede del PP, por lo que ya no habrá más dilación. Este trámite no es baladí. La dirección nacional necesita acreditar la rebelión de los concejales para instar a Génova a que resuelva el expediente con la expulsión. El PPCV, que teme posibles recursos ante la Justicia, quiere atar muy bien sus pasos y, de ahí, que quiere ser escrupulosos.

El siguiente paso es que el instructor del expediente interrogue a los concejales. En principio, será esta semana, pero desde el grupo municipal se asegura no tener aún aviso alguno.

Mientras desde Génova siguieron ayer llegando palabras de apoyo a Bonig. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado. «Ya hemos dicho en multitud de ocasiones que estamos apoyando su labor, que no es fácil, pero que lo están haciendo bien», apostilló ayer al ser preguntado sobre esta cuestión en los pasillos de las Corts.

«Ya lo hemos dicho, que si la suspensión de militancia es definitiva, evidentemente se tienen que ir. Y si se abre juicio oral, por supuesto que también se tendrán que ir. O sea, que es lo mismo que estamos diciendo», añadió en alusión a la petición del PPCV de que sean expulsados del partido.

El dirigente del PP destacó que la propia Bonig estuvo en Madrid el pasado martes y remarcó que «están muy coordinados». Fuentes del PPCV precisaron que la cúpula regional tuvo ocasión de comprobar de nuevo la sintonía con Génova respecto a qué solución dar al problema en el cap i casal.