08 de abril de 2016
08.04.2016
Caso Nóos

Una administrativa confirma que el convenio con Nóos "lo impuso" Cacsa

El jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Valencia confirma que no tutelaba a Turismo Valencia

08.04.2016 | 04:15
González Pons, Urdangarin, Camps, Barberá y Blasco, en el primer Valencia Summit.

Testigos: Cargos públicos y personalidades valencianas que declararán en el juicio de Nóos

  • Viernes 8 de abril
    Gerardo Camps, José Salinas y Consol Castillo.
  • Martes 12 de abril
    Rita Barberá, Belén Juste, Juan Carlos Gelabert, Vicente Blasco Infante, Alberto Català, Rafael Ferrando y Mayrén Beneyto.
  • Miércoles 13 de abril
    Isabel Villalonga, Enric Morera, Vicente Rambla y Trini Miró.
  • Jueves 14 de abril
    Esteban González Pons, Víctor Campos, Ana María Brusola, José Marí Olano
  • Viernes 15 de abril
    Francisco Camps, Ignacio Blanco y Narciso Michavila.
  • Martes 19 de abril
    Fernando Villalonga.
  • Jueves 21 de abril
    Miguel Zorío.
  • Viernes 22 de abril
    Juan Armiñana, Francisco Roig y Fernando Roig.
  • Martes 3 de mayo
    Juan Bautista Soler, Mariano Ayuso, Vicente Soriano.
  • Jueves 12 de mayo
    Vicente Inglada, Ana Botella, Salvador Broseta y Rocío Casanova.

Una administrativa que trabajó en la asesoría jurídica de la Ciudad y de las Artes y las Ciencias (Cacsa) declaró ayer ante el tribunal del caso Nóos que el convenio para que el Instituto Nóos organizara el Valencia Summit 2004 lo impuso el director general José Manuel Aguilar. El Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin percibió 3,1 millones por organizar tres cumbres entre 2004 y 2006 mediante convenios firmados con la Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau (FTVCB) y Cacsa, aunque sólo empleó 910.600 euros. Aguilar se enfrenta a de 6 años e cárcel, a petición de la Fiscalía.

En su declaración como testigo por videoconferencia, la auxiliar administrativa del departamento jurídico explicó que la idea del convenio firmado en 2004 para que Nóos organizara el Valencia Summit procedió «de dirección porque abarcaba muchas áreas». Añadió que la directora de la asesoría jurídica le dijo que «se dio redactado» y que la imposición «vino directamente de la dirección general de Cacsa, de José Manuel Aguilar». Sobre si la decisión de que el contrato de la cumbre fuera mediante un convenio y no un concurso debería haberla adoptado la asesoría jurídica, la administrativa dijo que «si se pide opinión sí, pero en este caso no se pidió».

La ex directora financiera de Cacsa también declaró ayer como testigo y explicó que para las contrataciones que superaran los 30.000 euros, su departamento traspasaba las propuestas a la asesoría jurídica para que formalizara el contrato. Si se proponía un acuerdo o convenio, el departamento de Cacsa que lo impulsaba debía introducirlo en el sistema informático de gestión en lo que era «un mero trámite administrativo» mediante el cual, el departamento financiero quedaba informado y daba traslado al área jurídica. La ex directora financiera tuvo conocimiento del Valencia Summit de 2004 porque quedó registrado en ese sistema y al llegar las facturas.

Cotejar si el precio por la prestación de un servicio era de mercado correspondía a cada área de Cacsa que lo propusiera. «Eran los departamentos que estaban negociando los que tenían que asegurarse de que se trataba de un precio de mercado», detalló, y en los de mayor importe se tenía que justificar la contratación. También declaró ayer la exjefa de «marketing» de CACSA quien defendió que «siempre se intentaba hacer todo de manera legal y correcta y jurídicamente se veía de qué manera se podía llevar a cabo las acciones».

El jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Valencia también explicó al tribunal que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB) ha estado «siempre al margen» del consistorio. «Como servicio jurídico municipal, nunca hemos tenido una relación con la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, porque es una entidad que se ha mantenido al margen del Ayuntamiento de Valencia y de las funciones de asesoramiento y defensa de la asesoría jurídica municipal». Sobre el informe de la Intervención General de la Administración del Estado que calificó TVCB como unidad institucional bajo control privado, el asesor jurídico señaló que lo conoce «con motivo de este pleito» y considera que es un asunto «importante» que puede afectar a su departamento. El asesor municipal matizó que «no a toda entidad pública sujeta al derecho privado la informa o asesora el ayuntamiento», como sucede con Aumsa.

Por último, el tribunal ha denegado al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps declarar por videoconferencia, por lo que deberá trasladarse a Palma el próximo viernes, 15 de abril.

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