Quince días. Este es el plazo que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha dado a la Comunitat Valenciana y al resto de comunidades que incumplieron el déficit de 2015 para que adopte un acuerdo de no disponibilidad de gasto, una medida coercitiva contemplada en la ley de estabilidad presupuestaria que obliga al Consell a retener los créditos y contener el gasto a partir de mayo. El Consell, sin embargo, está decidido a no aplicar un tijeretazo en las cuentas públicas de 2016, que según sus cálculos estaría situado entre los 1.000 y los 1.400 millones de euros. A lo largo del día de ayer estuvo en contacto con el resto de autonomías afectadas que han decidido rebelarse contra el ministro. La respuesta de los gobiernos afectados, sobre todo de aquellos donde no gobierna el PP como Andalucía, ha sido contundente. Sostienen que no pueden hacer frente a las exigencias del ministro sin malograr sus servicios públicos. El Consell está también en este bando. Considera la misiva un «destarifo» y advierte de que no está dispuesto a convertir a los valencianos en ciudadanos de segunda.

La misiva, que llegó ayer al despacho del conseller de Hacienda, Vicent Soler, había sido anunciada hace días por Montoro. Pero su contenido sorprendió al Ejecutivo por sus términos confusos y porque no concreta el alcance del recorte. De hecho, podría decirse que el ministro parece querer suavizar el contenido de la carta (basada en un modelo tipo y que luego se ha personalizado con los datos de cada autonomía) al indicar que el freno al gasto no implica necesariamente recortes. Así, recuerda a Soler que en 2016 la C. valenciana va recibir más recursos que el año pasado procedentes del sistema de financiación, en concreto, 952, 13 millones más.

En total, contará con 9.120 millones de euros, especifica . Además, le apunta que en sus cuentas debe considerar los ahorros derivados de la reducción de los intereses los prestamos vía FLA que concede el Estado y que, según el ministro, permite un ahorro de 629 millones para el Consell. Esta apreciación suena a broma teniendo en cuenta que en realidad este año el Consell pagará más al quedarse sin el interés cero.

En todo caso, la conclusión de Montoro es que «esta financiación adicional facilitará a la Comunitat atender la no disponibilidad solicitada y cumplir con la regla de gasto, sin determinar necesariamente, y siempre en función del presupuesto vigente para 2016, una reducción del gasto en relación con lo ejecutado en el ejercicio anterior». Una contradicción que ayer fue subrayada desde la conselleria de Hacienda. En realidad, la puerta que Montoro deja abierta a que no haya recortes sería pura entelequia si la meta es cumplir con el 0,3 del déficit fijado para 2016.

La financiación adicional de la que habla Montoro no es ninguna novedad. El Consell ya contaba con ella para hacer los presupuestos y está plasmada en su partida de ingresos. El problema es que, según los propios datos de Hacienda, en lo que va de ejercicio el déficit de 2016 se sitúa ya en el 0,24, es decir, a 60 millones del permitido para todo el año. Y ese tope en el desfase entre ingresos y gastos es el que Montoro quiere garantizarse a través del acuerdo de no disponibilidad. Así, la retención de créditos que exige Montoro (cuyo alcance no especifica) debería afectar a todas las partidas de gasto excepto a las que están ligadas al mantenimiento de los servicios públicos.

Aún así, el Consell no cumpliría. Cabe recordar que la Comunitat cerró 2015 con un desfase de 2,5%, 1.800 millones más de los permitido. Además, el presupuesto actual (cuyo gasto se reduce un 0,2% respecto a 2015) se sustenta en unos ingresos con 1.300 millones ficticios: los de la mejora de la financiación que se exige a Madrid, pero sobre los que no hay compromiso alguno por parte del Estado. Precisamente, en su último informe la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) vaticina que el déficit valenciano en 2016 se situará entre el 1,3 y el 1,7%. A partir de esta previsión, es fácil comprender la magnitud del ajuste que pide Montoro para cumplir el 0,3%. Entre un punto y un punto y medio, es decir, un recorte de entre 1.000 y 1.400 millones.

La conselleria puso el acento de que esta cantidad es precisamente la que reclama para mejorar la infrafinanciación.

Cabe recordar que, al margen de esta misiva, el Consell ya tuvo que enviar hace una semanas un plan de ajuste asociado al Fondo de Liquidez Autonómico. No tienen respuesta de Montoro, que ayer, ante el plante de los gobiernos autonómicos, se mostró convencido de que, al final, acabarán cumpliendo.