El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy una serie de nuevas condiciones para controlar a las autonomías adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), entre ellas la valenciana. Una de esas medidas a las que quedará obligada la Generalitat es la que le maniata para que no pueda superar un determinado techo en el gasto farmacéutico.
El Gobierno ha puesto en marcha mecanismos para el control del gasto de la medicina hospitalaria, es decir el que afecta a los medicamentos que adquiere la red pública sanitaria. El anuncio lo hizo ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y lo avaló después la comisión delegada de asuntos económicos.
Otra de las condiciones que tendrán que cumplir las autonomías del FLA es la adhesión al sistema electrónico de facturas. Todas estas iniciativas del Gobierno buscan, en esencia, un mayor control de las decisiones que toman los gobiernos autonómicos, especialmente los más endeudados, que han tenido que recurrir al FLA.
Montoro también anunció ayer que otra de las obligaciones es el convenio con Farmaindustria, al que muy pocas autonomías se habían adherido, y que pasará a ser obligatorio a partir de ahora para las que reciben fondos a través del FLA. La decisión del Gobierno se toma además días después de que se conociera que el ministerio exige un ajuste que impedirá al Consell gastar en nuevos proyectos, lo que, cuando apenas han transcurrido tres meses del año, bloquea cualquier nuevo proyecto del Ejecutivo que no esté ya comprometido.
Además, la decisión de poner límites al gasto farmacéutico llega apenas unos meses después de que el Consell eximiera del copago farmacéutico establecido por el Ejecutivo del PP en 2012 a más de un millón de personas en la Comunitat Valenciana, especialmente a pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros y a personas con discapacidad y que tenía un coste para las arcas autonómicas de 41 millones de euros. El Consell adoptó ese acuerdo, que figuraba entre los postulados del Acord del Botànic, que sostiene al Ejecutivo de PSPV y Compromís.
Con todo, el decreto del Consell que eliminaba el copago ha sido recurrido por el Gobierno de España como antes había hecho con el que garantizaba la Sanidad universal en la Comunitat Valenciana. En el recurso por el copago, el Gobierno demanda al Ejecutivo de Puig ante el TSJCV por las subvenciones aprobadas que garantizan medicinas a pensionistas y discapacitados.
El diputado socialista Julián López calificó ayer de «agresión política» la decisión de recurrir la subvención al copago.
Mientras, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidades (Cermi) aprobó personarse como parte interesada contra el recurso de la Abogacía del Estado para paralizar la subvención al copago farmacéutico que aprobó el Consell.
