«Inadmisible, inaceptable e inaguantable». Así definió ayer el presidente de la asociación de agricultores Ava-Asaja, Cristóbal Aguado, la situación que viven los labradores valencianos tras un aumento del 30% de los robos en 2016, lo que implica pérdidas de más de 23 millones. Junto al secretario general de La Unió de Llauradors, Ramón Mampel y el presidente de las Cooperativas Agro-Alimentarias, Cirilo Arnandis, Aguado explicó, negro sobre blanco, que el sistema para evitar el robo masivo y continuado en los campos valencianos «no funciona». Ni con la tan esperada reforma del Código Penal que llevaban 25 años esperando.

El problema, lejos de ir a menos, va a más. A la falta de endurecimiento en las penas, se suma la ausencia de denuncias de los afectados —que pierden su tiempo y su dinero sin ver resultados, y están «cansados» de denunciar «para nada»—; la indefensión que sienten al comprobar que el delincuente está en la calle (o en su mismo campo) a los pocos días; la imposibilidad de «controlar» todas las parcelas; la ausencia de coordinación de las consellerias implicada y sobre todo, la «ausencia de control en los puntos de venta».

Tras años reclamando un endurecimiento de las penas y denunciando los millones de euros perdidos (se calculan unos 64.000 euros al día en robos en los campos valencianos), los agricultores pusieron ayer el foco en los puntos de venta. «Si roban, es porque encuentran vendedores. Sabemos cuáles son los almacenes. La impunidad es total. Hay incluso carteles que rezan "prohibida la entrada a los cuerpos de seguridad del Estado". Es lamentable porque, además, algún día tendremos un problema de salud. No existe control sanitario de estos productos», aseguraron los responsables de las tres entidades agrarias.

Robo de fruta por encargo

La situación ha llegado a tal punto que las organizaciones denunciaron ayer, incluso, el «robo de fruta por encargo». «El campo no tiene puertas y nos sentimos indefensos y amenazados. Cada vez hay más actividad delictiva porque hay demanda. Las bandas organizadas, los delincuentes, se saben mejor el código penal que muchos abogados. Saben con exactitud qué cuantía deben transportar, qué vehículo utilizar y no les importa hacer los viajes que haga falta para delinquir sin que haya consecuencias», explicaron.

Ahora bien, en el supuesto caso de que se produzca el robo, el agricultor denuncie y se celebre el juicio «el ladrón comparece al lado del afectado, está libre a los pocos días, no hay pena económica y, encima, se queda con la identidad del agricultor para amenazarle e intimidarle.

El afectado ve que ha perdido tres días en los tribunales, que no recuperará nada de lo que le han robado y que, encima, le amenazan», aseguraron. Por ello, exigieron un plan de actuación de las diferentes consellerias implicadas para tratar un problema que ya es eterno en el tiempo y no tiene visos de desaparecer.