Días después de la comunicación por carta del ministro Montoro que ha dejado tambaleando las finanzas de la Generalitat con la exigencia de nuevos recortes, el presidente Ximo Puig compareció ayer en el Palau para desvelar el contenido de otra misiva. Esta vez, el remitente es la Comisión Europea y no trae malas noticias. Bruselas ha decidido levantar una sanción impuesta a la Comunitat Valenciana que, desde 2013, mantenía inmovilizados 60 millones de euros del Fondo Social Europeo (FSE) destinados a la competitividad regional y el empleo.
La UE suspendió el pago de las ayudas al Consell tras detectar casos de fraude e incidencias en la justificación y en el cumplimiento de los requisitos de algunas actuaciones de los proyectos de fomento del empleo que se cofinanciaron en el periodo 2007-2010 por un importe global de 140,78 millones. El FSE, dirigido a subvencionar a empresas para la contratación de trabajadores, quedó congelado cuando Europa había enviado 99,28 millones.
Puig atribuyó el castigo de Bruselas a la «mala gestión» del PP y agradeció a los funcionarios de la administración el trabajo que ha permitido reactivar el fondo. La Dirección de Empleo de la Comisión Europea considera que las autoridades españolas «han adoptado las medidas correctoras necesarias» para subsanar las deficiencias detectadas en los sistemas de gestión y control. La carta, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, también señala que se han corregido una serie de «gastos irregulares» aflorados.
El presidente de la Generalitat achacó a un cóctel de «mala gestión y corrupción» la «pérdida de credibilidad del Consell en Europa» que, según éste, con el Ejecutivo del PP cayó «bajo mínimos», al nivel de «bono basura».
El levantamiento de la sanción comporta un balón de oxígeno más moral que económico y poco ayuda al problema del déficit y la financiación, los dos grandes caballos de batalla del Consell que ayer centraron la reunión mantenida por Puig en el Palau con el equipo directivo de la Conselleria de Hacienda, el titular del ramo Vicent Soler y los miembros del grupo de expertos de la financiación.
Piden la reprobación de Montoro
En el parlamento posterior a ese encuentro, que duró más de hora y media, Puig insistió en trasladar al Gobierno de Rajoy la necesidad de que convoque una conferencia de presidentes autonómicos para buscar una solución al «conflicto institucional» abierto a cuenta del déficit, un «problema de todos» en el que, según el dirigente valenciano, «no tiene sentido que una sola administración —el Ejecutivo central— decida». Si no se atiende su petición, Puig amenazó con «autoconvocar» la reunión, tras haber constatado esta semana un «clamor» contra los recortes que impone el Ministerio de Hacienda a los incumplidores en sus conversaciones con homólogos de otros territorios. El presidente del Consell acusa a Montoro de «satanizar» a las comunidades por «residenciar la desviación del déficit de las administraciones públicas en las autonomías».
Montoro también fue ayer blanco de los ataques de Compromís, que va a pedir en Les Corts la reprobación del ministro por exigir nuevos ajustes pese a reconocer la infrafinanciación valenciana.
