El regreso de los socialistas al Palau de la Generalitat tras 20 años en la oposición no iba a ser en modo alguno un camino de rosas. Ximo Puig está obligado a hacer malabarismos para que las complicidades con su socios (Compromís y Podemos) sigan sosteniéndole. Debe ceder, sin que su propio proyecto quede diluido. Y este es uno de sus desafíos. Ahora bien, el drama que se cierne sobre el Palau de la Generalitat no es de tipo político sino económico y afecta no sólo al presidente, sino al propio acuerdo del Botànic.
En terminología de la vicepresidenta Mónica Oltra, al qué, más que al quién ya que difícilmente el Ejecutivo podrá sacar adelante su programa con la espada de Damocles de unas cuentas intervenidas y que además dependen de la respiración asistida del Gobierno central.
Todas las alarmas están encendidas desde que Bruselas notificó al Gobierno que ha incumplido los objetivos de déficit público. Aunque el aviso de Europa ha pillado al Ejecutivo central en funciones, la respuesta ha sido inmediata y el dedo acusador se ha dirigido a las comunidades autónomas, quienes por primera vez se enfrentan en serio a los rigores de la ley de estabilidad presupuestaria aprobada hace cuatro años. En el podium de las ovejas negras está la Comunitat Valenciana.
La precariedad financiera de la Generalitat no supone novedad alguna. El Consell (antes popular y ahora de izquierdas) ha sido incapaz de cumplir con la ley y ha encadenado excesos de déficits año tras año. Gracias a los manguerazos de los fondos del rescate (FLA y Plan de Proveedores) ha podido pagar facturas, pero el objetivo legal de hacerlo antes de 30 días ha sido misión imposible. No hay margen de liquidez y las colas comienzan a hacerse cuando se agota el dinero del FLA.
El anterior Ejecutivo de Fabra nunca se deshizo del todo del espantajo de la Intervención de las cuentas, pero siempre confió en que un Ejecutivo con el que compartía carné de partido y que se jugaba su prestigio en Europa no se atrevería a medidas coercitivas del calibre que recoge la ley. El escenario ha cambiado y no sólo porque en la Generalitat haya nuevos inquilinos. En realidad, el elemento partidista es residual. Ahora el desfase conjunto ha sido mayor y el que tiene sello valenciano ya no puede camuflarse en unos resultados conjuntos más o menos aceptables para Europa. La consecuencia es que el Gobierno de Rajoy, con un pie fuera de la Moncloa, se ha visto empujado a estrenar una ley que, aplicada en su literalidad, es extraordinariamente severa. Llevada al extremo es el fin de la autonomía financiera.
En un intervalo de menos de seis días, la Generalitat ha recibido dos cartas firmadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que las medidas sancionadoras pasan de la categoría de amenaza a la de realidad. La primera de estas misivas, fechada el pasado 1 de abril, tiene que ver con la morosidad en los pagos. Montoro toma como referencia el último dato del periodo medio de pago (enero de 2016) para sostener que «de forma interrumpida» se ha superado el plazo máximo de pago. El ministro recuerda al conseller de Hacienda, Vicent Soler, que esa es la tercera misiva que le envía sobre el incumplimiento de plazos y que en el segundo aviso puso a la Comunitat en alerta. Acto seguido, le advierte de que «debe seguir adoptando las medidas cuantificadas de reducción de gastos e incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos».
Según la ley de estabilidad, encendida la luz de alarma, el siguiente paso es la retención de fondos del sistema de financiación para que el Estado pague directamente a los proveedores. Esta medida extrema ya se ha aplicado esta semana a Extremadura y Aragón. Y en esta última comunidad gobierna el PP. La Comunitat está cerca de esta situación de la que no puede escapar debido a sus problemas de liquidez y a su dependencia absoluta del FLA. Además, en este tránsito ya está sometida a un control que limita su margen de maniobra a la hora de gestionar el presupuesto.
La segunda carta, fechada el miércoles, es aún más dura. La línea roja cruzada, la desviación del objetivo de déficit de 2015, también tiene castigo. Y Montoro, que lleva años haciendo la vista gorda, ha actuado. Por primera vez, se acude al apartado de medidas coercitivas y se obliga al Consell a adoptar un acuerdo de no disponibilidad de gasto, es decir, a poner el freno de mano para cumplir el déficit de 2016, fijado en un 0,3%. Las previsiones de organismos independientes como la Airef, hablan de que este año podría cerrarse con un déficit entre 1,3 y un 1,7% de desfase, lo que, según los cálculos del Consell, le abocaría a un recorte imposible de 1.000 millones. Aunque el Consell de Puig asegura que no habrá recortes, en la práctica esta medida lo bloquea. Poco podrá hacer más allá de afrontar sus gastos de funcionamiento. Además, ante la negativa, el Gobierno central tiene capacidad de respuesta. La ley le permite «tomar» las riendas de la hacienda valenciana, enviado sus «homes de negro», un comité de expertos para que apliquen el tijeretazo requerido.
Hay, además, otro modo que también ya se ha activado: el FLA. Por lo pronto, Montoro ha condicionado este fondo a que la Generalitat apruebe un techo de gasto farmacéutico. Una condición a la que podrían seguir otras.
