10 de abril de 2016
10.04.2016
Reclamación

Igualdad denuncia que el Estado no asume el coste de los servicios sociales

La conselleria asegura que se está haciendo cargo de la aportación, que no llega al 10 por ciento, junto con las administraciones locales

10.04.2016 | 11:47

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha denunciado que el Estado no asume la parte que le corresponde en la financiación de los servicios sociales, con una aportación que no llega al 10 por ciento, mientras el gobierno valenciano se hace cargo de este coste, junto con las administraciones locales.

Ésta fue una de las denuncias que se hicieron en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado esta semana en Madrid, y al que acudió un equipo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, formado por el secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez; la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, y la directora general de Servicios Sociales, Mercé Martínez, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El Consejo, en el que están presentes todas las comunidades autónomas y el Gobierno central, abordó diversas cuestiones como la financiación del Plan Concertado de Servicios Sociales, la Estrategia Española del Pueblo Gitano, las líneas de apoyo al voluntariado, el Plan de Familia e Infancia y el reparto de las aportaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Ibáñez ha explicado que con la crisis, el Gobierno central "recortó" la aportación que hacía al Plan Concertado, encargado de la financiación de los servicios sociales, y que establecía que éstos fueran financiados a partes iguales por el Estado, las autonomías y los municipios y ha señalado que ahora el presupuesto que destina no llega ni para cubrir el 10 por ciento del coste.

En este sentido, ha señalado que en la Comunitat Valenciana el Estado aporta un 9,5 por ciento del presupuesto para este fin, mientras que la Generalitat se hace cargo del 60,36 por ciento del coste y los ayuntamientos asumen el 30,13 por ciento restante.

El secretario autonómico también ha exigido al Gobierno central un cambio en los criterios que se siguen para el reparto de la financiación estatal destinada a los servicios sociales para que se haga "en base a un criterio poblacional que tenga en cuenta la dispersión geográfica, el envejecimiento y la tasa de pobreza".

Ibáñez ha indicado además que el actual modelo de financiación "está encima de la mesa desde los años 90" y la Comunitat Valenciana, junto con otras autonomías, han exigido al Gobierno central un cambio en el mismo, por lo que éste se ha comprometido a la creación de una comisión que se encargue de consensuar los criterios de reparto de las inversiones sociales territorializadas.

Desde la Conselleria han manifestado que la "infrafinanciación" en la Comunitat Valenciana afecta tanto a los servicios sociales, como a otros temas más concretos, como el apoyo a los programas destinados al pueblo gitano, donde sólo destina 44.000 euros frente a los 900.000 que aporta la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La delegación valenciana en el Consejo solicitó además que las valoraciones que se hacen desde las comunidades autónomas para repartir entre el tercer sector las aportaciones del IRPF para cuestiones sociales tengan carácter vinculante.

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