La caja fuerte de la Justicia cerró el año pasado con más de 3.500 millones de euros bloqueados en España. En los juzgados valencianos están inmovilizados casi 348,3 millones a la espera de una resolución. Son los pagos de fianzas de libertad, multas, ingresos por subastas, embargos o indemnizaciones de procesos judiciales en curso... Las sentencias de los tribunales determinan si las cantidades congeladas deben devolverse a quien las abonó o si se destinan a indemnizaciones, multas o costes procesales.
En la C. Valenciana, el saldo de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales aumentó el año pasado un 3,57 %, al pasar de los más de 336,2 millones de euros de 2014 a los casi 348,3 de 2015. Esta pequeña subida es más del doble que la experimentada en el conjunto de España, que fue del 1,27 %, donde se recaudaron, en total, 3.524,7 millones de euros. De estos, se generaron más de 5 millones de intereses (más de 4,4 en Alicante y valencia y 561.066 en Castelló), que pasan a las arcas del Estado.
Así, la valenciana es la cuarta autonomía que más dinero tiene congelado en sus cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, con 348.293.813 millones de euros; por delante se sitúan Madrid (más de 1.000 millones), Andalucía (521,8) y Cataluña (481,6). La subida de ingresos es menor que en La Rioja (34 %), Aragón (32,7 %), Madrid (13,6 %), Asturias (casi un 13 %) o Murcia (11,2 %).
Por provincias valencianas, la única en la que no hay un aumento es Valencia, ya que pasa de los 149,6 millones de euros de 2015, a los 153,7 del año anterior. Alicante recaudó 159,7 millones, 14 más que en 2014 (145,7); y Castelló casi 2 más que el ejercicio anterior (pasando de 36.7 en 2015 a 38,9).
Por otro lado, siete comunidades cerraron en 2015 con menos fondos judiciales congelados. El mayor desplome lo sufrieron Baleares, (casi un 50 %), Cantabria (-15,3 %), Navarra (-12 %), Galicia (-11,7 %), Extremadura (-8,5 %), Cataluña (-6,3 %) y Castilla y León (-0,12 %).
Desde el Consejo General del Poder Judicial advierten de que las elevadas cantidades inmovilizadas en los juzgados son, en parte, consecuencia de la lentitud de la Justicia, por lo que piden reformas que aceleren las resoluciones.
Con un sistema judicial más ágil, estos fondos podrían volver al circuito económico en beneficio de los particulares y de las arcas públicas. Los procesos mercantiles, según detallan fuentes judiciales, son los que mayor cantidad de depósitos realizan, de manera que la demora en la resolución de esos litigios puede provocar, por ejemplo, que una empresa quiebre por tener fondos bloqueados.
Buena parte de esos depósitos judiciales se devuelve a los litigantes, aunque sin intereses, o bien van a parar a la parte contraria cuando se dicta sentencia a su favor. Pero también algunas de esas entregas corresponde al Ministerio de Justicia, como son los ingresos para la interposición de un recurso.
Sin embargo, también hay miles de euros que tras años congelados en el banco se quedan en las arcas del Estado porque si una vez finalizado el proceso en los tribunales los ciudadanos no reclaman las cantidades, estas pasan a las arcas del Estado, al igual que los depósitos en concepto de fianza de acusados en rebeldía y aquellas consignaciones con algún error formal.