Los concejales del Grupo Popular de Valencia «investigados» por blanqueo de dinero remitieron el pasado lunes un escrito a la presidenta regional del partido, Isabel Bonig, en el que le explicaban que no obedecerán a su ultimátum, cuyo plazo acababa ayer, y que no entregarían sus actas de concejal. Se acogen al expediente abierto en Madrid y le reprochan, según ha podido saber este periódico, que siga empeñada en expulsarles habiendo un proceso abierto en un órgano superior.
El plazo de diez días dado por Bonig a los nueve concejales populares „todos menos Eusebio Monzó„ expiraba ayer y su finalidad era que los ediles dimitieran y abandonaran su acta para que corriera la lista o entraran personas nuevas.
Era lo acordado entre ambas partes si se levantaba el secreto del sumario y seguían «investigados», como así ha sido. Pero entre tanto, el Comité Nacional de Derechos y Garantías les abrió un expediente informativo y los suspendió de militancia cautelarmente, por lo que los concejales se acogen a ese proceso, bastante más garantista, y se niegan a obedecer a la dirección regional.
Horas ante de que acabara el plazo, los concejales le enviaron un escrito firmado por todos ellos en el que, con un formato muy jurídico, le explican a Isabel Bonig que no van a dejar el acta y que se remiten al expediente abierto en Madrid.
También le exponen detalladamente los estatutos del partido, con especial mención al que dice que los concejales sólo deberán abandonar sus cargos al abrirles juicio oral.
Y le reprochan a la dirigente regional que siga empeñada en expulsarles del partido habiendo un expediente en trámite por una instancia superior, como es el Comité Nacional de Derechos y Garantías. Es más, le recuerdan que el acuerdo era entregar el acta cuando hubiera un auto del juez que confirmara su imputación, cosa que, a su juicio, no ha ocurrido aún.
Son dos folios de escrito que, en la práctica, son un portazo en la cara a Isabel Bonig.
La presidenta del PPCV, no obstante, no tardó en reaccionar. Ayer anunció desde Alicante que enviará un informe jurídico a la dirección nacional del partido sobre el incumplimiento del acuerdo alcanzado con los nueve concejales del PP para que renunciasen a sus actas.
«Nuestra postura sigue siendo la misma, apelamos a ese acuerdo al que llegamos y remitiremos un informe jurídico a Génova, que es quien tramita un expediente, para que tome las medidas oportunas», precisó Bonig, que ahora también podría expulsarles por desobediencia.
De momento, no obstante, la dirección regional del partido no actuará hasta ver el resultado del expediente abierto por Génova, porque «hasta que no concluya este expediente nosotros no podemos abrir otro. Cuando se les tome declaración y Génova decida, nosotros actuaremos, no sé cómo va a acabar este expediente», explicó la presidenta regional.
Los concejales, entre tanto, prosiguen con su labor municipal a la espera de que el Comité Nacional de Derechos y Garantías los llame para tomarles declaración. Ayer, el portavoz del Grupo Popular, Eusebio Monzó, dijo que una vez que se resuelvan los expedientes los concejales tomarán la decisión que consideren.
