Demasiadas preguntas para tan poca concreción. La consellera Carmen Montón tuvo que atender a una larga lista de cuestiones entre las que, como era de esperar, cobró protagonismo el estado de la negociación con la empresa DKV Seguros para adquirir su 65 % y recuperar así el control público de la concesión sanitaria de la Marina antes del final del contrato. Pocas novedades se dejaron entrever de las respuestas de la consellera, más allá de que la empresa quería «salir» y que se estaba en las «primeras conversaciones». Ni plazos, ni ideas sobre qué encaje legal tendría la entrada del Consell en una de sus propias concesiones ni detalles sobre cómo se va a solventar el preacuerdo entre los socios de Marina Salud (DKV y Ribera Salud) para el traspaso de las acciones.

«Conforme tengamos acuerdos y anuncios los haremos en tiempo y forma. Primero hay que dar un paso y después otro para ver si es factible», añadió, asegurando que todo iba «razonablemente bien» y que estaban esperanzados en que gracias a estos contactos en esta legislatura se retornará a gestión pública dos áreas sanitarias: la Marina y la Ribera, ya que no se prorrogará el contrato en 2018.

Privadas: papel complementario

En este retorno de la sanidad a lo público, Montón «salvó» al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y adelantó que se seguiría trabajando de forma coordinada con un centro de prestigio como éste. «La gestión privada debe tener un papel complementario. En aquellas cosas a las que no podamos llegar, buscaremos ayuda y tenderemos puentes pero no al revés», apuntó.

En la misma línea, la consellera insistió en que el servicio de resonancias que gestiona Eresa es «más caro y menos eficiente», según el informe de la Sindicatura de Comptes, y que, además «secuestraba el conocimiento» y anunció que los especialistas de Sagunto y Gandía empezarían en mayo a «tener acceso a las resonancias magnéticas». Por su parte, fuentes de la empresa presentaron ayer un informe propio que pone en duda las conclusiones del síndic.