A la vocación de servicio público le sucede como a cualquier otra inclinación del individuo. Tiene un claro componente ambiental, vinculado a la socialización, pero pesa mucho la genética. Igual que hay familias en las que de repente el niño manifiesta un gusto musical que remite al bisabuelo, que estuvo en la banda, se dan casos en los que varios componentes de una misma familia expresan sus predilección por oficios como maestro o empleado de la empresa pública Imelsa, sección brigadas forestales.
Documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV y que obra en poder del juzgado de instrucción 18, que investiga el caso Taula, demuestra que desde que se creó la sociedad ha sido una práctica habitual el enchufe de familiares, además del de miembros del partido o del sindicato patrocinador de la contratación. En especial, el gobernante PP y su sindicato afín, el CSI·F, cuya líder y presidenta del comité de empresa, Ruth López, está imputada, igual que el delegado sindical de UGT.
Hasta veinte parejas de hermanos, nueve matrimonios, cuatro dúos de primos y media docena de integrantes de una misma familia conforman la plantilla de la empresa que tiene unos 770 empleados, de los que alrededor de 550 están adscritos a las brigadas forestales. El juez, la Fiscalía y la UCO de la Guardia Civil han llamado a declarar a consejeros de administración (de todos los partidos), los citados sindicalistas y directivos de la empresa, que han sido interrogados sobre una política de personal que ya generó una querella en 2005 y que fue archivada por la Fiscalía, como contó este diario. La coincidencia de domicilios y apellidos han sido las pistas que han llevado a los investigadores a preguntar por el quién es quién en aras de dilucidar si han habido delitos de tráfico de influencias o malversación de fondos. Para esclarecer el mapa de la plantilla han sido también determinantes las aportaciones de directivos.
Entre los casos más chocantes figura el del clan Estornell, cuyo patriarca, Honori Estornell Canet, fue secretario general de UGT, causó baja en 2008 con una indemnización de 100.000 euros, superior a la fijada por la ley en caso de despido improcedente, según fuentes del caso, como contó ayer este diario. Estornell explicó que la abultada compensación y la decisión de prescindir de él respondían a una persecución por su actividad sindical. Según documentación de la causa, tres meses antes de ese despido, el entonces gerente Marcos Benavent firmó un documento con su hijo Rubén Estornell „hoy delegado sindical de UGT„ en el que se fijaba un aumento de categoría laboral y se duplicaba el sueldo, que hasta entonces era de 1.184 euros brutos mensuales como capataz.
Una hermana también trabaja en Imelsa, igual que un tío y la esposa de éste, con plaza en Benigànim y Barx. Otro hermano, también hijo del histórico sindicalista, trabaja en Egevasa, la empresa mixta de la diputación que gestiona el agua. Honori Estornell explicó a este diario que su familia es objeto de «persecución» y defendió que su hijo trabaja en Egevasa porque es un «técnico reconocido y especializado» y pasó unas pruebas, igual que su hermano y su cuñada, dijo.
Blindajes en vísperas electorales
«Yo no he firmado contratos ni presidido el comité», asestó como indirecta a Ruth López, del CSI.F, sindicato mayoritario, afín al PP y que cocinó con la jefa de personal y mano derecha de Benavent, María Escrihuela, un convenio en el que se blindaba la plantilla en previsión de que la izquierda gobernara, como sucedió. El acuerdo por cinco años fue firmado en vísperas de las elecciones autonómicas (el 30 de abril) y está siendo investigado por el juez. Escrihuela ha sido llamada a declarar como imputada. En puertas de los comicios se celebraron unas pruebas, no se publicitadas, y en las que fueron contratadas 27 personas. Fue el único proceso de selección convocado desde 1999, cuando, con Manuel Tarancón de presidente provincial, se conformó la primera plantilla, que empezó el 23 de marzo de ese año.
Todos trabajaban con un contrato de fijo discontinuo de 9 meses. Hasta el 1 de enero de 2007, cuando pasaron a indefinidos. Tras varios cambios de la modalidad de contratos, el 1 de enero de 2014 se consolidó la condición de indefinidos. En los 17 años de vida de Imelsa, la inmensa mayoría de las contrataciones se repartieron por cuotas políticas y sindicales, ahora investigadas en una causa cuyo secreto de sumario „en esta rama de Imelsa„ se levantará hoy mismo o en los próximos días, según fuentes judiciales.
