La consellera de Sanitat, Carmen Montón, tuvo ayer la oportunidad de pedir directamente al ministro del ramo Alfonso Alonso la retirada del recurso que el Gobierno en funciones ha presentado contra los decretos que aprobó la administración valenciana para eliminar el copago sanitario para pensionistas y colectivos con diversidad funcional.
Fue durante su participación en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que se iban a tratar una veintena de puntos, desde la financiación por la acogida de refugiados, la situación del decreto de prescripción enfermera o el plan nacional de las enfermedades del zika, el dengue y el chikunguña.
Montón recordó que estos decretos habían beneficiado ya a cerca de un millón de personas y pidió también la derogación del decreto 16/2012 que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy para introducir medidas como el copago farmacéutico. Precisamente, otra de las reivindicaciones con las que llegó Montón a Madrid, el gasto por los tratamientos de la hepatitis C, se «coló» en el orden del día ya que fueron mayoría las comunidades autónomas contrarias a que la financiación de estos tratamientos computara como déficit público.
«Es una vergüenza»
De esta forma, la consellera Montón aseguró que era «una vergüenza» cómo había manejado el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro el asunto «no solo por no cumplir con la financiación de las cantidades a las que se comprometieron, sino también por decir que ya estaban todos los pacientes tratados, lo que no es cierto, o por computar como déficit público los préstamos destinados» a los tratamientos.
Hace un año, en la presentación del Plan Estratégico Nacional por parte del Gobierno, se anunció que la financiación de los tratamientos no computarían como déficit para las autonomías. Además, Montón reclamó los 27 millones de euros que el Gobierno adeuda por estos gastos y que no se incluyeron en el Fondo de liquidez Autonómica (FLA).
Por otra parte, la valenciana se unió al resto de comunidades que pidieron en el consejo la derogación del decreto de prescripción enfermera ya que se había aprobado «a espaldas de quienes tenemos que aplicarlo, que somos las administraciones sanitarias autonómicas. Ha creado un conflicto entre profesionales sanitarios además de inseguridad jurídica en su aplicación», aseguró.
El consejo aprobó además la primera Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas, que tiene como principales líneas de actuación la mejora del diagnóstico y la atención personalizada a los pacientes.
