El carrusel judicial del exvicepresidente primero de la diputación Francisco Martínez depara una primera condena de 8 meses de cárcel y 12.600 euros de multa por el escándalo de la depuradora de Borriol. El fallo complica el futuro del exdirigente del PP al estar afectado por otra investigación sobre la relación de sus empresas con el urbanismo de Vall d'Alba. El Código Penal establece la posibilidad de dejar en suspenso el ingreso en prisión cuando las penas no exceden de dos años. Pero fija como requisito que el condenado no sea reincidente, por lo que un nuevo revés judicial le empujaría a la cárcel.
La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial -que es recurrible ante el Tribunal Supremo-condena a Francisco Martínez, mientras que absuelve al resto de acusados: el exalcalde de Borriol Adelino Santamaría, los dos hijos de Martínez, su socio empresarial Raúl Babiloni y el empleado de éste Luis García del Campillo.
El tribunal únicamente considera probado un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, por el que impone al exvicepresidente provincial una condena de 8 meses de cárcel, multa de 12.600 euros e inhabilitación de dos años para empleo o cargo público. Queda absuelto de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude ilegal, de los que también le acusaba el fiscal, quien pedía en total 4 años de cárcel.
El delito de negociaciones prohibidas consiste en un abuso del cargo público para lograr un beneficio económico. El tribunal recalca que la condición de vicepresidente primero de la diputación de Martínez le obligaba «a ser muy cuidadoso» en el ejercicio de sus funciones públicas y empresariales.
