El Ministerio de Industria aprobó durante el mandato de José Manuel Soria, que ayer renunció a su cargo por su vinculación a empresas 'offshore' en paraísos fiscales, la polémica indemnización de 1.350 millones a la concesionaria de la planta Castor, Escal UGS (participada por el holding de Florentino Pérez), tras cesar su actividad por una oleada de terremotos en su entorno. Este pago ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PSOE.
Durante el mandato de Soria, que mantuvo una ambigua posición respecto a las prospecciones petrolíferas y el fracking, la multinacional Cairn Energy decidió renunciar a la búsqueda de petróleo en el Golfo de Valencia.
Según se supo después, Soria conocía la decisión de Cairn semanas antes de que se celebraran las elecciones autonómicas de mayo de 2015 en las que el asunto del petróleo supuso un desgaste para el PP de las Baleares, lo que evidencia la compleja personalidad del ministro.
Visita relámpago a Castor
Soria visitó con cierta regularidad la Comunitat Valenciana, tanto en su condición de potencia turística como por la presencia de Ford, referente de la industria automovilística, aunque muchas de estas visitas se produjeron en campaña electoral. También hizo una visita relámpago a la plataforma Castor cuando comenzaron los terremotos.
Soria primero paralizó en octubre de 2013 la inyección de gas de la plataforma tras detectarse cerca de 300 seísmos en un mes en la costa norte de Castelló. Al año acordó el abono de 1.350 millones de euros.
Previamente, el Tribunal Supremo había desestimado un recurso del Ejecutivo central que reclamaba eliminar el derecho de cobro de indemnización por el valor residual de la planta, incluyendo el supuesto de dolo o negligencia.
Industria optó por un sistema que repercute en los usuarios de gas: la indemnización la encargó a Enagás, que recuperará este importe cargándolo en la factura del gas en los próximos 30 años. Con intereses, esta cantidad podría ascender hasta los 5.000 millones de euros.
Enagás también es responsable de la hibernación de la planta. Industria no descarta la reapertura de la planta, y la condicionó a las conclusiones de nuevos estudios encomendados a la Universidad de Stanford y Massachusetts Institute of Technology - MIT-.
El PSOE llevó la indemnización ante el Tribunal Constitucional al considerar que se vulneraron derechos fundamentales de la ciudadanía y cuestionó al Gobierno que reclamara pedir responsabilidades a la empresa. El pago se materializó en apenas un mes desde que fue aprobado por el Consejo de Ministros.
Un juzgado de Vinaròs investiga presuntas irregularidades en la tramitación de Castor, aunque esta causa afecta a los responsables del anterior Gobierno socialista, responsables del proyecto, ya la exconcesionaria. Ahora, PSOE y el resto de grupos de la oposición exigen su desmantelamiento.
