16 de abril de 2016
16.04.2016
Medida

Valencia introduce cláusulas sociales y de anticorrupción para los contratos públicos

El ayuntamiento aprueba un reglamento que obliga a las empresas aspirantes a cumplir la Llei d'Ús del Valencià en sus comunicaciones - Las compañías que hayan sido condenadas por financiación ilegal de partidos tampoco podrán contratar

16.04.2016 | 01:29
Valencia introduce cláusulas sociales y de anticorrupción para los contratos públicos

Las condiciones

  • Cláusulas sociales
    Plan de igualdad entre mujeres y hombres, distintivo de igualdad y 2% de trabajadores con discapacidad
  • Requisitos para las empresas que quieran optar a un concurso público. De no cumplirse, podrá acarrear penalizaciones o resolución del contrato.
  • Obligaciones sociales
    Uso no sexista del lenguaje y no utilización de publicidad ilícita. Obligaciones que asumirán las empresas adjudicatarias. El incumplimento podrá acarrear penalizaciones.
  • Clásulas especiales
    Si se ha de contratar a nuevo personal, deberán ser parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o personas en situación de exclusión social
    En aquellos contratos que se considere pertienente, se determinarán como condición especial estos requisitos. De no cumplirse, podrá acarrear penalizaciones o resolución del contrato.
  • Requisitos
    No podrán presentarse empresas o particulares condenadas por enaltecer el terrorismo, corrupción política o delitos contra la Hacienda
    En el caso de que fueran sobrevenidas una vez hayan resultado adjudicatarias podrían suponer la extinción o resolución del contrato
  • Cláusula lingüística
    Deberán usar el valenciano en las comunicaciones externas e internas con el consistorio
    De no cumplirse, podrá acarrear penalizaciones.

El Ayuntamiento de Valencia tratará de ahuyentar los comportamientos ilícitos de la contratación pública con un nuevo reglamento que impedirá el acceso a las licitaciones municipales de aquellas empresas (o particulares) que hayan sido condenadas por causas de corrupción „fundamentalmente financiación ilegal de partidos„. Pero además introducirá cláusulas sociales en los pliegos de condiciones para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres o favorecer la contratación de colectivos con dificultades de inserción laboral. Su ambiciosa propuesta incluye un requisito lingüístico, ya que toda organización que opte a un contrato público deberá cumplir la Llei d'Ús del Valencià, por lo que todas las comunicaciones con el consistorio se harán en la lengua autóctona.

Como explicó ayer el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, es «la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Valencia» que se introducen esta serie de cláusulas sociales, de anticorrupción o de fomento del valenciano en los servicios de contratación pública. De hecho, el consistorio aprobó ayer mismo un procedimiento que ya incluye parte de estos requisitos en la licitación del contrato de limpieza de las dependencias municipales. Se trata de un contrato que sale a concurso por un importe de 14,4 millones de euros y una duración de dos años prorrogables otros dos más. Además de las cláusulas de tipo social o el requisito lingüístico, se han introducido otros de carácter medioambiental, obligando a la futura adjudicataria a reciclar en todas los edificios públicos o a usar productos que respeten el medio.

Un recado para el PP
Sergi Campillo incidió sobre la importancia de las cláusulas anticorrupción. «Esta corporación tiene clarísimo que se han de hacer las cosas correctamente y no aceptará ningún comportamiento ilícito y falto de ética dentro de la contratación pública del Ayuntamiento», explicó, además de poner especial énfasis en las organizaciones que hayan sido condenadas por financiación ilegal, «ya que aquí tenemos muchos casos relacionados con el Partido Popular», recalcó el regidor de Compromís.

Así, las nuevas cláusulas incluyen como causas de extinción del contrato con la Administración la condena mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, integración de grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de partidos políticos, corrupción, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales, entre otros. También se cancelarán los contratos por infracción grave en materia profesional, falseamiento de competencia o infracción muy grave en materia laboral o social.

Campillo destacó la introducción de una cláusula lingüística para que las empresas que contraten con el ayuntamiento cumplan el reglamento municipal sobre el uso y normalización del valenciano y la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, de manera que en las comunicaciones externas y con el Ayuntamiento se use preferentemente la lengua propia. De no hacerlo, serán penalizadas.

Las nuevas cláusulas sociales se aplicarán según el tipo de licitación que se establezca, es decir, no se incluirán todas en todos los contratos. El Ayuntamiento de Valencia, asegura que la aplicación de los requisitos será en algunos casos progresiva y habrá un periodo de transición, ya que entiende que muchas empresas necesitan un periodo de adaptación.

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