El Juzgado de Instrucción número 2 de Castelló ha archivado la denuncia contra la hija del presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, porque «no hay delito», según el auto de sobreseimiento provisional al que ha tenido acceso Levante-EMV. La hija del dirigente político fue detenida en un control rutinario de la Policía Nacional cuando se dirigía con un grupo de amigos al Festival Rototom de Benicàssim, en agosto de 2015, supuestamente con un «alijo de droga», por lo que se le imputó un presunto contra la salud pública ya que la información que trascendió es que los agentes consideraron que las cantidades de MDMA y marihuana que encontraron a la joven, que viajaba junto a otros tres amigos en un coche, «excedían la dosis aceptable para el consumo propio».

Sin embargo, las diligencias de investigación abiertas de oficio por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castelló a raíz del atestado policial han concluido que «no aparece debidamente acreditada la perpetración del delito» contra la salud pública que «ha dado motivo a la formación de la causa», por lo que la magistrada considera que «procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones», según el auto notificado a la hija del dirigente nacionalista.

El abogado que ha defendido a la joven, Jorge García-Gasco, explica a Levante-EMV que la jueza ha tenido en cuenta para decretar el sobreseimiento penal de las actuaciones el informe del área de Sanidad de la Delegación del Gobierno sobre las sustancias decomisadas a la hija de Morera en el que se determina que «no están sometidas a fiscalización», según el análisis firmado por la jefa de área Nieves Galipienso, al que ha tenido acceso este periódico.

«Como no están acreditados los hechos y no hay sustancia que fiscalizar, porque las cantidades decomisadas no son penalmente relevantes sólo queda el sobreseimiento de las actuaciones», explica el abogado García-Gasco. El letrado lamenta que el día de los hechos la joven estuviera «diez horas detenida» por unos hechos que se han demostrado carecían de efectos penales, pero que trascendieron a la luz pública como un delito contra la salud pública por un presunto tráfico de drogas que se ha mostrado falso.

Aunque este incidente, «que se circunscribe al ámbito privado y familiar» aunque sea el de un personaje público como el presidente de las Corts Valencianes, según el letrado, podría tener recorrido político.

Pregunta en el Congreso

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha presentado tres preguntas parlamentarias dirigidas al ministro de Interior, Jorge Fernández, para que explique por escrito «cómo unos datos de ámbito restringido [en referencia al atestado de la detención de la joven y sus amigos en el control policial] fueran publicados por un medio de comunicación», en relación a la noticia adelantada por el medio digital «El Confidencial». Baldoví también interroga a los responsables policiales sobre si «ha ofrecido la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana alguna explicación sobre la filtración de los datos recogidos en un atestado policial». Y, por último, si «el Gobierno piensa tomar alguna medida para que no se repitan estos hechos», según las preguntas parlamentarias registradas el pasado 15 de abril por Joan Baldoví en el Congreso de los Diputados.