Durante los peores años de la crisis, entre 2009 y 2013, la Comunitat Valenciana sufrió un recorte en gasto sanitario y educativo de 2.383 millones en términos absolutos. Las cifras provienen de los Ministerios de Sanidad y Educación y son citadas en la última monografía de 2015 publicada por la Fundación BBVA y titulada Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad. Las dotaciones para salud cayeron entre 2009 y 2013 en 1.177,7 millones al pasar de 7.640, 2 a 6.462,5. El diferencial negativo se situó en un (15,4%). En cuanto, a la educación, las partidas para este área pasaron de 5.490,5 millones a 4.305,1 con una disminución de 1.185 millones en el quinquenio y una caída del (21,59%). Debido a los ajustes en los presupuestos de las administraciones, los valencianos se situaron a la cola del gasto por habitante en salud y en educación en toda España. Por ejemplo, en 2013, el gasto educativo situó a cada valenciano en el undécimo lugar de la clasificación territorial mientras que en salud aún fue peor: decimocuartos.
Los servicios educativos y sanitarios están transferidos a las comunidades autónomas por tanto la responsabilidad política en los ajustes es atribuible a los gobiernos del Partido Popular que encabezaron Francesc Camps (desde 2003 hasta julio de 2011) y su sucesor Alberto Fabra (de 2011 a 2015).
La Comunitat Valenciana ha mantenido la tendencia general del resto de autonomías en cuanto a las políticas presupuestarias de gasto. Así: «Del mismo modo que ocurre con la educación, el gasto público sanitario presenta una evolución creciente en la etapa expansiva y decreciente desde 2010 en todas las comunidades», señalan los autores de esta memoria publicada por la Fundación BBVA y el IVIE.
Este cambio generalizado de tendencia, reflexionan los economistas, «se debe al efecto provocado por las políticas fiscales restrictivas desarrolladas a partir de esa fecha que han afectado» a todos los territorios. Si se extiende el análisis a todos los servicios públicos la conclusión final es: «Las administraciones han mantenido el gasto en pensiones durante la crisis, pero las trayectorias del gasto en salud, educación y otros servicios de protección social han resultado financieramente insostenibles».
