¿Por qué en la España del paro y el enconamiento político las fosas han de ser una prioridad?
¿Por qué tiene que haber gente que tenga sus muertos mal enterrados y sepultados, fuera del cementerio, donde no toca, y habiendo de recordar siempre que se hizo por medio de un asesinato y para que se olvidara su existencia? Entiendo la pregunta, porque hay gente que lo está pasando muy mal. Pero eso no quiere decir que no se tenga que hacer nada. No quiere decir que se deba hacer todo, pero tampoco que no se haga nada. Habrá periodos en los que se pueda hacer más y otros menos. Pero nunca pararlo y trasladar a las familias con muertos mal enterrados que se abran ellas las fosas.
Con el pretexto de que no es prioridad siempre se ha dejado de lado.
No, no. Sí que ha sido una prioridad en muchos momentos de la Historia de nuestro país. Durante el régimen franquista, desde 1940 y hasta 1981 (año del último enterramiento en el Valle de los Caídos), se exhumaron restos de muertos en la guerra y se pagaron con dinero público. Durante muchos más años se han abierto fosas pagadas por el Estado que al contrario. Ahora no es una prioridad y quizá habría de serlo. Porque es una vergüenza que un Estado tenga muertos en sus cunetas. No se entendería en ningún otro país. Aquí, en cambio, se justifica o incluso a veces se niega.
¿Una doble moral?
Sí, porque fue impresionante el movimiento de restos que hizo el Estado durante años. Pero sólo eran los muertos de quienes ganaron la guerra. Porque los muertos se utilizaron para marcar la diferencia entre vencedores y vencidos. Por eso es normal que esa gente pida que se exhumen: durante muchos años se les ha recordado que perdieron la guerra a través de una de las cosas más sagradas que tiene una familia: su pasado, sus muertos, poderles rendir homenaje.
Hay decepción en torno a los efectos de la Ley de la Memoria Histórica en materia de exhumaciones y fosas.
Mira si cubrió poco la Ley de Memoria Histórica respecto a las fosas comunes que muchas comunidades autónomas han aprobado o están elaborando leyes propias. Han tenido que suplantar la Ley de la Memoria Histórica porque en la cuestión de las fosas comunes derivaba la responsabilidad a las familias y las comunidades autónomas. La ley no ha propiciado ni que se abran fosas ni que no. Del dinero entregado a través de la ley, sólo un 30 % ha sido destinado a la apertura de fosas. Eso fue una decepción absoluta.
Viene a Valencia a hablar del estado de la cuestión. ¿Cuál es?
Lo más importante es que se ha internacionalizado. Por un lado, con la entrada de los relatores de la ONU que elaboran dictámenes. El Estado puede esquivarlo, pero llegará el momento en que tendrá que dar una respuesta más seria y no tan ridícula como ahora. Por otro lado, es relevante la entrada de la judicialización por parte de Argentina, donde la juez María Servini consiguió en enero hacer efectiva la primera orden de exhumación de una fosa común de un represaliado del franquismo. Toda esa internacionalización tendrá un recorrido.
¿Y mientras?
El interés de las familias, de las asociaciones y de algunas comunidades autónomas no han permitido que, aunque la ley fuera inactiva, se dejaran de abrir fosas. En los últimos años se han abierto menos por la falta de capacidad económica. Pero hay gente que, recurriendo al crowdfunding [micromecenazgo por internet], ha reunido el dinero. O con ayuda económica de asociaciones extranjeras.
Un Estado que consiente que el «crowdfunding» sea la forma de desenterrar a sus ciudadanos es?
¡Una vergüenza! El Estado debería asumir en primera persona la recuperación de restos y no lo hace. Un Estado que deriva hacia las comunidades y las familias esa responsabilidad. Un Estado que en función del signo político que gobierne da o no dinero para las exhumaciones. ¿Cómo calificarlo, si no de vergüenza?
Usted hablaba de muertos clandestinos.
Eran clandestinos hasta hace muy poco. Se sabía que se habían producido ejecuciones por consejos de guerra o en la retaguardia republicana. Pero no la cantidad de muertos sin ningún tipo de juicio, legal ilegal, algunos de los cuales no constaban en ningún papel.
¿Esa clandestinidad oficial qué supuso para sus familias?
Hay dos tipos. A las familias de personas civiles fusiladas por sus ideas aquello les comportó un dolor constante hasta ahora. No quieren venganza, pero sí recuperar a sus muertos y que se sepa la verdad. Reparación y justicia, sin que en la mayor parte de casos eso implique llevar a nadie a los tribunales. Sólo que se les reconozca que tuvieron un muerto en las cunetas y nadie les hizo caso. Después están las familias de los soldados muertos en el frente. Su percepción es diferente: no hay tanto componente ideológico y la búsqueda es distinta. Unos y otros miran más al presente „recuperar los restos para darles sepultura digna„ que al pasado.
Por la edad, muchos de los hijos de aquellas víctimas en fosas están muertos o muriéndose.
Sí, y es una lástima. Ahora bien: la gente mayor que llega a saber dónde está enterrado su familiar y que existe la posibilidad de recuperar sus restos, sólo eso les ha dado mucha paz. Imagínate recuperarlos, poderlos enterrar y mitigar un dolor que han arrastrado durante ochenta años.
La familia de Teófilo Alcorisa ha tenido que esperar siete años de pleitos con Valencia para recuperar unos restos ya localizados.
¡Es ridículo! ¿Dónde está el problema? ¿Si no hubiera sido muerto del franquismo lo hubieran tenido tan difícil? No.
Si por colgar banderas republicanas se abre un cisma institucional, ¿cuánto costará sellar las heridas de forma definitiva abordando materias más sensibles?
Costará mucho. Porque la Guerra Civil no acabó en 1939, sino cuando murió el dictador. Por eso no se ha olvidado. Costará mucho, claro que sí. Pero no por eso debe dejarse de hacer.
