La consellera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas, Gabriela Bravo, defendió anoche que el objetivo del Consell es caminar hacia el modelo vasco, que permite que las resoluciones judiciales en este territorio se impriman en las dos lenguas oficiales.
Preguntada anoche en el programa Halcones y Palomas de LevanteTV por el hecho de que un solo funcionario atienda las traducciones de textos judiciales al valenciano, señaló que la aspiración del Consell es que éstas queden impresas en castellano y valenciano.
«Estamos trabajando en la renovación porque la aplicación tecnológica con la que nos hemos encontrado es obsoleta», señaló Bravo, que sostuvo que esa aplicación tiene que ser capaz de que las resoluciones aparezcan en las dos lenguas oficiales, castellano y valenciano, y admitió que en la actualidad no se garantiza el derecho de los valencianohablantes.
Respecto al requisito lingüístico para la carrera judicial, la consellera aseguró que está implantado en la ley, pero el desconocimiento de la lengua propia no impide el acceso. Subrayó que los valencianos tienen ese derecho, pero se mostró partidaria de fomentar el uso del valenciano antes que imponerlo.
La exportavoz del Consejo General del Poder Judicial calificó de «positiva» la ley de la Agencia Antifraude que tramita las Corts «siempre que no invada competencias de otros organismos» y remarcó que, de momento, sus aspiraciones políticas acaban en la Comunitat Valenciana, aunque dijo que el futuro está por escribir cuando fue interpelada por la posibilidad de formar parte de un futuro Gobierno de España. En este punto lamentó «la magnífica oportunidad perdida» por los partidos de izquierda en España para formar un Ejecutivo de cambio tras las elecciones del 20D.
Derogar la custodia compartida
La consellera, que es fiscal especializada en menores, defendió la iniciativa del PSPV en las Corts para derogar la ley de custodia compartida y aseguró que aunque entre socialistas y Compromís pueda haber disparidad de criterios, la cohesión del Consell está garantizada.
Añadió que la Administración valenciana está bajo mínimos en personal y lamentó la existencia de un 30 % de interinos. Admitió que existe desmotivación entre el personal por prácticas fraudulentas del anterior Consell al tiempo que denunció el «descontrol» en la externalización de servicios. «Había desaparecido el concepto de servicio público», aseveró.
Bravo puso espacial énfasis en la ronda de preguntas del programa televisivo en la situación de las infraestructuras judiciales. Aseguró que el estado de muchos de los inmuebles es «penoso» y admitió que alto grado de insatisfacción que acumula buena parte del personal de Justicia. Subrayó que la mejora en este ámbito no puede realizarse en un año y que requiere como mínimo una legislatura ya que, según desveló, en estos momentos la conselleria acumula hasta 800 incidencias pendientes de resolver relativas a problemas en las infraestructuras judiciales.
