La firma Eresa, que gestiona junto a otras dos empresas el servicio de resonancias magnéticas en la mayoría de hospitales valencianos hasta 2018, acusó ayer a tres exdirectivos de la firma de estar detrás de las denuncias iniciales que han motivado que, hoy por hoy, la empresa tenga a trece directivos investigados por la Fiscalía Anticorrupción. La consejera delegada de Eresa, Marta Saus, compareció ayer ante los medios para defender la Unión Temporal de Empresas (UTE) Erescanner Salud en la que Eresa participa al 49,5 % de la «campaña de realidad ficticia y manipulada» que, a su juicio, se ha lanzado contra ellos.
Así, Saus puso nombre y apellidos a los responsables de las cuatro demandas que se presentaron en su día contra la contrata, todas, según aseguró, procedentes de tres exdirectivos de la firma y de un extrabajador conectados entre sí y con «intereses comerciales» en «competencia directa» con ellos. Según el relato de Saus, las denuncias -ahora archivadas- procedían todas del entorno de estos excolaboradores con intereses directos en el contrato de las resonancias que, en 2008, se adjudicó la UTE a la que pertenecen. De aquellas denuncias, archivadas, la Agencia Tributaria instó a la Fiscalía Anticorrupción a abrir una investigación que es la que ahora está en marcha con varios directivos de la firma investigados.
Para Saus, este proceso judicial «interesado» y un informe «erróneo» de la Sindicatura de Comptes estaban sirviendo de mimbres para una campaña de desprestigio contra la empresa, que ya está en el punto de mira del Consell. De hecho, la consellera Carmen Montón ya ha anunciado su intención de revertir también este servicio basándose en las pobilidades de ahorro apuntadas en este informe del Síndic de hasta 16 millones de euros. Al respecto, Saus defendió que según un informe del presidente del colegio de auditores sus resonancias costarían «257 euros» frente a los «386 euros de media» del sistema público y que habían solicitado, sin éxito, que se corrigiera el informe «erróneo» de sindicatura emitido en 2013 ya que su gestión estaría «ahorrando» a las arcas públicas.
Secuestro del conocimiento
Montón, de hecho, ha llegado a asegurar que la contrata estaba ejerciendo un «secuestro del conocimiento» y que se quería iniciar la reversión del servicio permitiendo que cada vez en más departamentos fueran los profesionales públicos los que informasen los expedientes.
Saus aseguró ayer que recibía «con dolor» este cambio en la manera de percibir el trabajo que realizan. «No entendemos que en nuestro caso se hable de secuestro de conocimiento cuando eso se llama especialización. Nuestros médicos están indignados por el cambio en el lenguaje. Es una realidad ficticia la que se da de nuestra empresa», aseguró Saus al tiempo que recordó que, por contrato, están obligados a formar a los médicos residentes que así lo demanden y que ya habían sido más de un centenar.
Con todo, la consejera se mostró esperanzada en abrir una vía de diálogo con la Conselleria de Sanitat pese a los anuncios de reversión. El contrato finaliza en noviembre de 2018 y no hay prórroga. Sanitat tendrá que asumir entonces el coste de los equipos.
