21 de abril de 2016
21.04.2016
Fondos europeos

La CE obliga al Gobierno a comprobar si Acuamed hizo todas las obras en desaladoras

La investigación judicial por irregularidades en la empresa pública ha provocado la detención de 13 personas

21.04.2016 | 11:11

La empresa pública Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, ha encargado al Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos (CICCP) que compruebe si el estado de las obras de desaladoras, presas y demás actuaciones realizadas por la entidad en la Comunidad Valenciana se corresponde con las certificaciones remitidas a la Comisión Europea, que ha financiado la mayor parte de estos proyectos y que investiga el destino final de las ayudas.

La "verificación de la realidad física" de las obras realizadas por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A., se centrará en las infraestructuras financiadas con ayudas de fondos europeos y correspondientes al periodo de programación 2007-2013 y tendrá un coste para las arcas del Estado de 79.200 euros.

La encomienda de gestión trasladada a los ingenieros se produce a raíz de la operación judicial contra una trama corrupta que se saldó el pasado 19 de enero con la detención de 13 personas, de las cuales cinco ingresaron en prisión y ocho salieron libres tras pagar fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros.

Entre los detenidos se encuentra el director general de la empresa pública Arcadio Mateo, el delegado de la firma en Valencia y diversos empresarios que presuntamente recibieron tratos de favor de los empleados públicos. El escándalo provocó la dimisión del Secretario de Estado de Medio Ambiente y número dos del ministerio de Agricultura Federico Ramos.

Según se ha sabido ahora, el juez Eloy Velasco, que investiga la trama, ha impuesto una fianza de 600.000 euros al ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, para salir de prisión, una medida que ha aplicado a los cinco investigados que ingresaron en la cárcel por esta causa. Según han informado fuentes jurídicas, el juez puso la semana pasada fianzas de entre 300.000 y 600.000 euros a los cinco imputados en esta trama corrupta que permanecían en prisión, de los cuales uno de ellos, Nicolás Steegmann, presidente de Altec, ya la ha pagado. Steegman salió de la cárcel el pasado sábado tras abonar por transferencia bancaria los 600.000 euros que el magistrado le había impuesto, la cantidad más alta junto a la de Arcadio Mateo, que aún no ha pagado la fianza. En la operación se detuvo a 13 personas, de las cuales cinco ingresaron en prisión y ocho salieron libres tras pagar fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros A los otros tres presos provisionales les ha impuesto 300.000 euros de fianza para salir en libertad. Se trata del responsable de Contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor, su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco, y su delegado en Valencia, Pablo Martín.

Desde su detención el pasado enero, el magistrado ha seguido tomando declaración a imputados y testigos dentro de este caso, que permanece bajo secreto de sumario . Los que quedaron entonces en libertad bajo fianza fueron el presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado Fernández; el director de Infraestructuras en España de Acciona, Justo Vicente Pelegrini; el presidente de Pipeline, Manuel Moreno; los trabajadores de FCC Santiago Farré y Miguel Roset; el delegado de Acuamed Javier Delgado López; el director de Proyectos de Altec, José Ramón González Fernández, y David José Blanca Montero.

A los investigados se les imputan los delitos de integración en organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos públicos, falsedad de documento oficial y prevaricación. El juez achaca al director general de Acuamed haber "urdido" desde mediados de 2014 un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas conscientes y queridas (se habla de 'presiones') para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades" para conceder contratos". A cambio, recibía "regalos en especie, para él y para otros „implantes de pelo, viajes a Turquía...„ a favor de diversos contratistas de obra pública", explicaba Velasco en un auto.

En concreto, se investigan seis contratos en diversos puntos de la cuenca mediterránea concedidos por Acuamed a FCC y Acciona, en los que los empresarios "presionaban" a los directivos de la empresa pública "para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades".

La investigación se centra en seis contratos sospechosos entre los que se encuentran el acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.

También están bajo la lupa judicial otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.

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