Hace una semana los agricultores pusieron el grito en el cielo: los robos en el campo lejos de ir a menos, iban a más con un aumento del 30 % de los robos y pérdidas de más de 23 millones . Desesperados, lanzaron un mensaje de SOS y exigieron un plan de coordinación entre todos los organismos implicados (la delegación del Gobierno, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las consellerias de Agricultura, Comercio y Sanidad, y representantes de la Justicia) para hacer un frente común contra los robos en el campo valenciano.
Más sanciones, más duras, más control y más inspecciones. ¿El objetivo? Eliminar la sensación de «impunidad» que tienen estos actos delictivos y erradicar el problema o, al menos, reducirlo. La delegación del Gobierno recogió el guante lanzado por los agricultores y ayer convocó una reunión para establecer una hoja de ruta a seguir y trabajar en perfecta coordinación.
El punto de mira se fija ahora en los almacenes ilegales y en actuar contra quien compre el producto. Así, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, anunció ayer la puesta en marcha de un Plan de Inspección de almacenes ilegales, que no están dados de alta y compran y venden mercancía robada, porque «alimentan estos hechos delictivos» al dar salida al producto. «También hemos intensificado nuestras inspecciones y comprobaciones en materia de trazabilidad, porque la mercancía debe ir acompañada de una documentación (llamada Data) que acredite que es legal», explicó Moragues.
Otro de los acuerdos adoptados se centra en intensificar y activar los consells agrarios para que las asociaciones agrarias «nos den información. Para nosotros es muy importante la cultura de la denuncia. Es fundamental aplicar técnicas de servicio de inteligencia porque no podemos abordar esta problemática solo con las denuncias de particulares porque hay bandas organizadas y necesitamos una coordinación para atender estos hechos delictivos», apuntó el delegado del Gobierno.
Pero ¿quién regulará y controlará todas estas actuaciones? Moragues explicó que se creará «un grupo de trabajo a nivel técnico que se reunirá cuatro veces al año (de forma trimestral), donde estarán representados todos los implicados y que incluirá a la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo».
El secretario autonómico de Agricultura, Francisco Javier Rodríguez, por su parte, señaló que desde el Consell están buscando «la coordinación de las áreas de Sanidad, Agricultura y Economía para formar una estrategia que permita pasar de la reacción a la acción».
Cambio de estrategia
Para el secretario general de La Unió de Llauradors, Ramón Mampel, las nuevas estrategias que se van a abordar «son importantes» porque se centran «no solo frente a los que roban, sino en los almacenes que reciben, dónde se distribuye el material, la parte fiscal». Eso sí, recalcó la necesidad de «recuperar la cultura de la denuncia».
El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, aseguró que «diez millones de las antiguas pesetas diarios de robos son mucho» y que les preocupa la subida de la delincuencia y «el nivel alto» en robos en la Comunitat frente a otras autonomías. El portavoz de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, Enrique Bellés, por su parte, valoró de forma positiva la reunión para ver si «entre todos somos capaces de poner coto al problema».
