Tras meses de buscar un resquicio por el que atacar el atípico convenio colectivo de la empresa pública Imelsa, la dirección de la mercantil de la diputación ha encontrado el camino para intentar anular un acuerdo cocinado para blindar las contrataciones de personal a dedo realizadas en la etapa del PP. Un pacto laboral que se firmó el 30 de abril de 2015, tres semanas antes de las elecciones autonómicas, que comprende una vigencia de cinco años —el anterior era por dos— y unas condiciones tan ventajosas que contemplan que los despidos disciplinarios han de ser indemnizados en todos los casos como si el afectado fuera delegado sindical. Así se establece en el artículo 14 de ese convenio.
El principal obstáculo con el que tropezaron los gestores para atacar el acuerdo es su falta de legitimación para pedir la nulidad dado que la empresa fue firmante junto al CSI·F, sindicato mayoritario y que ostenta la presidencia del comité de empresa en la persona de Ruth López. En Imelsa han decidido finalmente presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, para que ésta eleve el caso al juez para que resuelva. La segunda vía posible pasaba por que los sindicatos no firmantes (UGT y CC OO), que sí están legitimados, impulsaran la petición de nulidad del convenio, una posibilidad que no ha sido contemplada por estas organizaciones. La medida habría sido impopular entre la plantilla.
Imelsa denuncia la presunta comisión de delitos (como el de administración desleal) al haberse aprobado el convenio sin pasar por el consejo ni la junta general —la diputación— y sin contar con informe económico del interventor. Cabe señalar que el gasto de personal representa el 77% del presupuesto de la empresa pública provincial, lo que obligaba a pasar por consejo. Una vez se presente la denuncia esta misma semana, la Fiscalía deberá decidir si reclama en el juzgado la nulidad total o parcial e insta a continuación al juez a decretarla.
Negociación y nuevos contratos
La firma del convenio tuvo lugar en paralelo a la celebración de pruebas de selección para contratar a 25 nuevos brigadistas forestales. Una convocatoria que llegó dieciséis años después de las primeras y únicas pruebas convocadas en 1999, en tiempos en que Manuel Tarancón presidía la diputación. En esta última convocatoria no se cubrieron la totalidad de las plazas pese a que se presentaron unos 115 aspirantes, según fuentes del anterior equipo directivo, que indicaron que en ese proceso sí hubo publicidad, extremo que niegan los actuales responsables de Imelsa.
Los nuevos fichajes en puertas de las elecciones fueron el último capítulo de un engorde constante de la plantilla de la empresa pública, que actualmente supera las 770 personas, a base de cuotas de partidos y sindicatos, especialmente el PP y CSI·F. Al contrario que en el resto del sector público, sometido a un proceso de adelgazamiento a base de ERE ejecutados por el Consell de Fabra (caso de Vaersa, Cacsa o Canal 9), en Imelsa la plantilla no dejó de crecer. La de brigadistas y los dos centenares largos de empleados en la sede central y delegaciones.
En la pieza laboral de la causa Imelsa —una de las ramas del caso Taula— se investiga una supuesta malversación y prevaricación, entre otros delitos, por los zombis, enchufados, asesores del consejo y empleados que no prestaban su servicio en la empresa.
