El administrador de la empresa Lobby Comunicación, Miguel Zorío, ha manifestado que las facturas que rechazó la Generalitat Valenciana de cara a la celebración de unos Juegos Europeos que finalmente no tuvieron lugar fueron rechazadas "porque no tenían soporte documental, no porque fueran falsas ni estuvieran falseadas".
Así lo ha puesto de manifiesto durante su declaración como testigo en el juicio del caso Nóos, en la que ha explicado que trabajó con el Instituto Nóos para la realización de trabajos de consultoría tanto para los denominados Valencia Summit como para los JJEE, y en este sentido ha manifestado que el concepto de las facturas que libró a la entidad presidida entonces por Iñaki Urdangarin "era correcto".
Zorío, quien estuvo imputado durante la instrucción de la causa, ha explicado que los gastos en que incurrió su empresa correspondían principalmente a la contratación de consultores mientras que también se determinaban los gastos futuros que Lobby iba a tener.
