El futuro político y judicial de la senadora del PP Rita Barberá ya está en manos del Tribunal Supremo. En un «jueves negro» para la exalcaldesa, dos jueces de Valencia remitieron ayer al Alto Tribunal sendas exposiciones razonadas en las que comunican hechos delictivos en los que podría estar implicada Barberá durante su etapa como regidora de Valencia que se prolongó durante veinticuatro años. Las causas judiciales que lastran la carrera política de la «alcaldesa de España», como llegó a bautizarla Mariano Rajoy, son las que investiga el presunto blanqueo de capitales cometido por el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia durante la campaña electoral de 2015, al que podría añadirse el delito electoral (financiación ilegal del partido) tras desvelarse las donaciones anónimas que recaudó el PP durante años. Y el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por negarse a retirar símbolos franquistas en la ciudad de Valencia.
Sobre el «pitufeo» (blanqueo de dinero por muchas personas en pequeñas cantidades, 1.000 euros en este caso), el titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, Víctor Gómez, traslada al Supremo que «Rita Barberá fue una de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros. Resultaría incoherente la llamada del resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada», asegura el magistrado en su escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Otro de los detalles que el magistrado aporta al Supremo sobre la supuesta implicación de Barberá en el presunto «pitufeo» alude a la estructura piramidal del PP. «Rita Barberá ostentaba una efectiva posición como superior jerárquica de la principal investigada, María del Carmen García-Fuster, tanto por ser alcaldesa en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia». De hecho, Barberá era conocida con el sobrenombre de «la Jefa» en el Ayuntamiento de Valencia, en clara alusión a que no se movía un papel sin su consentimiento o supervisión.
Tampoco se le escapa al magistrado la estrecha relación entre Barberá y García-Fuster. «Existe una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, que desempeñaba las mismas funciones y atribuciones dentro del grupo popular desde el año 1991 en que fue designada» por Barberá como secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
Durante su declaración ante el juez, María del Carmen García- Fuster hizo una encendida defensa de la inocencia de Rita Barberá a la que intentó exculpar de cualquier relación con las donaciones anónimas que recaudó el partido entre 2002 y 2014 y que ascendieron a 317.050 euros. «En ningún momento ha sido Rita Barberá. Y lo juro solemnemente, porque ha sido la diana en todos los medios y allende los medios», aseveró García-Fuster sin que nadie le hubiera preguntado o sugerido que la actual senadora del PP pudiera ser la «recaudadora» de estas aportaciones de dinero. Unas donaciones que los populares defienden como correctas aunque eran totalmente ilegales por su condición de «anónimas».
No convencen sus explicaciones
Tampoco acaban de convencer las explicaciones dadas por la senadora popular al magistrado, en el escrito que presentó ante el juzgado, en el que descargaba todas las decisiones sobre la campaña en el comité electoral. «Las alegaciones efectuadas por la aforada no introducen en su relato hechos que permitan atribuir una relevancia excluyente de su posible implicación, en relación y contraste con el resultado de lo instruido». De ahí que el juez de Instrucción 18 persista en elevar al Supremo la exposición razonada sobre el presunto blanqueo de capitales, tal como solicitaba también la Fiscalía Anticorrupción, para que se investigue a la senadora.
Sólo hay un detalle que suma a favor de la exalcaldesa, tal como revela el juez. «Ni las investigadas que han reconocido la recepción del dinero tras efectuar la aportación (en referencia a Maria José Alcón y una asesora de prensa) ni los cuatros testigos que se negaron a hacer la aportación [de los 1.000 euros] testimonian una participación concreta y personal de la aforada, Rita Barberá, ni en la entrega del dinero, ni en la propuesta o indicación para que dicha entrega se llevara a cabo, o se aceptara». De estas tareas se encargó, presuntamente, la alter ego de Barberá, María del Carmen García-Fuster, según relataron los testigos y acusados que reconocieron los hechos ante el juez y la Guardia Civil.
Informes de la UCO y del T. de Cuentas
La causa contra la exalcaldesa viaja hasta Madrid a falta de completar varias diligencias de investigación sobre el presunto blanqueo de capitales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aún debe elaborar un informe sobre la documentación intervenida en el registro del despacho del PP de Valencia y en los domicilios de Alcón y García-Fuster. Un análisis «condicionado por el volumen de la documentación y dispositivos intervenidos en toda la causa, en relación con los medios de los que dispone la Unidad». Y al que se unirá la información requerida al Tribunal de Cuentas respecto a la fiscalización de la economía del PP de Valencia.
También debe declarar ante el juez el representante legal del Partido Popular, imputado en la causa como persona jurídica. Una tarea que ha recaído en el abogado Jesús Santos Alonso, que fue durante años teniente fiscal en la Audiencia Nacional. Aún no hay fecha para su comparecencia. Quienes sí declararán hoy de forma voluntaria o citados por el juez son varios ediles, exconcejales y asesores investigados: Beatriz Simón, Cristóbal Grau, Silvestre Senent y tres asesores. Aunque el primero en comparecer será el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que comparece como testigo.
Por último, la titular del Juzgado de Instrucción 16, Mayte Vidiella, también ha comunicado al Supremo la denuncia contra Barberá por los presuntos delitos de «desobediencia y denegación de auxilio, por no retirar los escudos, insignias y placas con símbolos franquistas de calles y edificios de la ciudad cuando era alcaldesa». Una denuncia que lleva dando tumbos desde que se presentó, en mayo de 2015, ya que se remitió al TSJCV, cuando Barberá era diputada en las Corts, pero que ahora debe resolver el Supremo.
