El caso de la depuradora de Borriol, por el que ha sido condenado a 8 meses de cárcel el exvicepresidente de la diputación y exalcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez, ha deparado una segunda entrega que puede superar con creces a la primera a tenor del contenido de la querella interpuesta por la Fiscalía, que ha desencadenado una nueva investigación judicial . La querella, a la que ha tenido acceso este diario, revela una cadena de posibles pelotazos urbanísticos en el municipio a través de un entramado de empresas vinculadas a Martínez, sus hijos y su socio Raúl Babiloni. Según el fiscal, los querellados adquirieron terrenos en zonas donde sabían que iban aprobarse desarrollos urbanísticos para luego revenderlos a un precio superior a la empresa promotora, que, a su vez, tenía la certeza de que los programas serían aprobados. Por ello, considera que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
Cuatro de los investigados protagonizaron el caso de la depuradora, del que se deriva el nuevo caso. Además de los vínculos familiares y de amistad, hay una relación comercial entre ellos. Francisco Martínez y sus hijos son socios en la empresa de construcción Franvaltur. Además, Martínez es socio en Prodever de Raúl Babiloni, quien, a su vez, comparte la mercantil Gestintur con la hija de Martínez.
Estas tres empresas son titulares de 15 parcelas en el término municipal de Vall d'Alba. De la investigación realizada por la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Provincial y Fiscalía de Castelló se deduce que varias de estas fincas resultaron afectadas por los proyectos urbanísticos Plan Parcial Residencial Pla de l'Arc, PAI Mas de Lluna y el PAI de ampliación del casco urbano de Vall d'Alba. La querella del fiscal refleja el trasiego de las empresas investigadas y cómo actuaban al ritmo del urbanismo de Vall d'Alba
