El Síndic de Greuges pide a la administración que se revisen las órdenes de incapacitación judicial de las personas con problemas mentales que permanecen ingresadas en centros bajo la tutela de la Generalitat tras detectar que se estaría contraviniendo la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
La alerta del defensor del pueblo valenciano forma parte de las treinta y una recomendaciones planteadas a la Generalitat para mejorar la atención residencial que se da a las personas con problemas de salud mental en la Comunitat Valenciana y que cierran un extenso informe especial presentado esta semana ante las Cortes y que ayer se hizo público.
En concreto, el trabajo, dirigido por el adjunto primero del Síndic, Ángel Luna, alerta sobre la necesidad de que el Ministerio Fiscal revise las órdenes de incapacidad de los ingresados, sobre todo en los casos de incapacitación total que son «mayoritarios». De los 428 casos atendidos en los 7 centros visitados por los técnicos, «el 72,9 % han sido declarados incapaces judicialmente», la gran mayoría de forma total.
Para el Síndic, esta práctica contraviene la convención sobre derechos de las personas con discapacidad que aboga por dar apoyos a estas personas para tomas decisiones «y no la privación de su capacidad de forma absoluta». De esta forma se pide que la situación se modificara a una incapacitación «parcial» y que la Generalitat promoviera la figura de la curatela y no de la tutela «como cargo más adecuado para el respeto a sus derechos».
Según las últimas cifras publicadas, la Generalitat Valenciana tenía en 2014 a más de 1.400 personas bajo su tutela, en muchas ocasiones, personas con problemas mentales que no podían ser atendidas por sus familias por su situación económica y/o social y que habían optado por ceder la tutela a la administración. El Síndic tampoco ve apropiado que la judicatura solo tenga en cuenta los informes de los centros para mantener esta situación de incapacidad cada cierto tiempo y recomienda incluir informes externos sobre la situación de los ingresados.
El estudio viene motivado por el especial aumento de las quejas que la Sindicatura recibe al respecto de estos servicios y, en especial, por la queja de oficio abierta en 2014 tras la visita realizada al centro La Morenica de Villena.
En aquel centro privado, se encontraron carencias y vicios del sistema que también se han detectado en otros centros de toda la Comunitat visitados para la realización del estudio que aporta una visión global sobre el estado de un área sanitaria que durante muchos años no ha gozado del favor de los poderes públicos ni en atención ni en recursos económicos.
De esta forma, otra de las áreas en las que aumentar el control son los ingresos no voluntarios. Según se recoge en el informe, los centros en principio sí estarían cumpliendo con la norma de contar con autorización judicial para realizarlos pero se habría pervertido el sistema y lo que debería ser extraordinario (un ingreso de urgencia con notificación posterior al juez) se ha convertido según se recoge en «ordinario».
Internos sin fecha de salida
El Síndic pone también en duda que estos centros residenciales estén cumpliendo con su objetivo rehabilitador y teme que se estén convirtiendo en pequeños «manicomios» con la función principal de custodia cuando deberían aspirar a ser de carácter abierto. En este sentido el informe detecta que los internamientos se alargan más allá de lo deseable y que se destinan pocos recursos para evitarlo.
De hecho, se recoge la opinión de los profesionales del sector que apuntan que la ausencia de recursos previos para evitar el ingreso y de recursos paralelos como alojamientos tutelados o ayudas a las familias están prolongando los internamientos «durante muchos años» con enfermos con «escasas» posibilidad de reintegrarse en la sociedad. Como ejemplo, ponen al complejo asistencial Doctor Esquerdo con personas ingresadas desde 1952, al menos 68 desde antes de 1999.
De entre las recomendaciones destaca también el aumento de las plantillas de profesionales de psiquiatría y de recursos específicos y, sobre todo que la administración unifique por fin las políticas sobre salud mental en un único organismo ya que, hasta ahora, el área ha estado repartida entre Sanidad y Bienestar Social.
Los profesionales, de hecho, han criticado esta «bicefalia» que se traduce en descoordinación. Además, urgen a que el Servicio Valenciano de Salud asuma los recursos asistenciales que en Castelló o Alicante todavía prestan las diputaciones.
El director general de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca, aseguró ayer que han tomado «buena nota» del informe y reiteró que siguen trabajando en un plan integral de salud mental que empiece a solventar las múltiples carencias de las que son conscientes.
