A pocos meses de las elecciones autonómicas, el anterior gobierno del PP sacó a concurso el servicio de transporte escolar por 328 millones de euros durante cuatro años. El concurso „que finalmente se declaró desierto por el nuevo Consell„ se presentaba en tres únicos lotes, uno por provincia (de los que solo uno, el de Valencia, fue adjudicado). Un sistema inédito hasta el momento „ya que obligaba al sector a constituir Uniones Temporales de Empresas (UTE) al carecer de capacidad suficiente para concurrir en solitario„ y que fue duramente criticado por Mónica Oltra, quien propuso una comisión de investigación al considerar que habían confeccionado «un macrocontrato para el transporte escolar de forma precocinada para beneficiar a empresas muy concretas».

Cuando el concurso quedó desierto, el servicio se prorrogó a la espera de que el nuevo Consell redactara unos pliegos de condiciones y sacara el servicio a concurso público. Y en esas están.

Ayer, el pleno del Consell dio un paso más al autorizar la contratación del servicio de transporte escolar por un presupuesto base de licitación de 161.403.648 euros „dividido en 24 lotes, de los que 12 pertenecen a la provincia de Alicante, 6 a la Castelló y 6 a la de Valencia„ y asegurar, además, que las condiciones técnicas incluirán, por primera vez, criterios sociales en caso de empate en la puntuación, y la gratuidad para aquellos alumnos que vivan a 3 kilómetros o más del centro educativo más cercano dentro de su localidad o área de influencia. Desde el Consell aseguraron que los criterios sociales están basados «en la seguridad jurídica, el riesgo de exclusión, la territorialidad, así como la valoración de la tipología empresarial basada en la economía social y solidaria».

Rutas compatibles

Pero ahí no queda la cosa. Otro de los criterios que también se contempla es que «las empresas tengan contratadas a mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género como instrumento para facilitar su inserción laboral».

Del mismo modo, las mismas fuentes aseguraron que se está estudiando la posibilidad de que el nuevo contrato permita la modificación de rutas en caso de que sea posible compatibilizar el transporte regular de viajeros con el transporte escolar, mediante futuras colaboraciones que contribuyan a mejorar el transporte en zonas rurales.

De esta forma, la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra aseguró que con el nuevo pliego de condiciones «se favorece el desarrollo rural, se mejora calidad de vida de la gente, se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera y se mejora la eficiencia porque un autobús lleno siempre es más eficiente que uno medio vacío».