Algunos de los detenidos por el «caso Avialsa» que investiga el presunto amaño de concursos de los aviones antiincendios a cambio de regalos han visto ampliados los delitos que se les imputa que, en algunos casos, se han extendido a sus familiares más directos.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt, Héctor Santamaría, ha citado a declarar el próximo mes de junio al denunciante del conocido como «cártel del fuego» y ex gerente de Avialsa, Francisco Alandí, por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Alandí fue el antiguo hombre de confianza del empresario Vicente Huerta, propietario de Avialsa, aunque abandonó la empresa en diciembre de 2012. La denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción (acompañada de 445 documentos que extrajo de la empresa) es la que permitió iniciar la «Operación Hispaniolus» que acabó con la detención del entonces delegado del Gobierno, Serafín Castellano, y casi una treintena de personas más.
Aunque Alandí no será el único que deberá visitar el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt el próximo mes de junio. El juez también ha citado declarar al ex alcalde de Quartell, Francisco Huguet, a quien se le imputaban los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales. Aunque la novedad del último auto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, es que a Huguet también lo acompañará su esposa, Maria del Carmen Peiró, acusada de un delito de blanqueo de capitales.
En la misma tesitura se ha visto el exteniente alcalde de Quartell, Emilio Máñez, citado a declarar por blanqueo de capitales junto a su mujer y dos hijos, uno de ellos imputado también por «falsedad en documento público».
Tanto Huguet como Máñez estaban considerados como los «lugartenientes» de Serafín Castellano en el Camp de Morvedre, cuando éste ostentaba cargos orgánicos en el PP. Huguet logró gracias a su amistad con Serafín Castellano que el empresario Vicente Huerta lo contratara como representante de Avialsa ante las administraciones públicas. Máñez estaba considerado como «el conseguidor» de la trama por los investigadores.
En los registros realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se hallaron 62 billetes de 500 euros que tenían a buen recaudo Francisco Huguet (en su casa, en una caja fuerte) y Emilio Máñez (en la caja de seguridad de un banco).
Otro de los protagonistas de esta presunta trama de amaños y cohechos, con ramificaciones en el urbanismo, que también deberá declarar será Jesús Garrido, asesor del exconseller Rafael Blasco, a quien el juez imputa los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Garrido, de quien los investigadores creen que actuaba como testaferro de Blasco, cobró una comisión de 300.000 euros de Avialsa T35 por mediar en la operación del programa de actuación integrada (PAI) Nova Alfara, de 200.000 m2, en Alfara de la Baronía. Garrido cobró esta supuesta comisión a través de su empresa Consult & Develop Gamar SL, que llegó a exigir parte de la mordida a través de una demanda judicial, que el juez de Sagunt ha incorporado a la causa. El magistrado también ha citado a declarar a Jesús Domingo, administrador de la empresa Jedoman, impulsora de otro PAI en Quartell en el que compraron dos áticos y una casa Máñez, sus hijos y Huguet. El juez también ha pedido a los Ayuntamientos de Quartell y Alfara de la Baronía toda la documentación urbanística sobre un total de cinco PAI.
