El contrato que rubricó el expresidente de la diputación Carlos Fabra con el expiloto de motos Álex Debón para el alquiler de unos terrenos destinados a la construcción de un hospital de día en la Vall d'Uixó carecía de validez. Como vicepresidente del consorcio del Hospital Provincial de Castelló, Fabra no tenía atribuciones para aprobar un gasto de tal magnitud, ya que el órgano competente era el consejo de gobierno, que nunca autorizó la operación. El motociclista trató de reclamar el pago del alquiler por vía judicial, pero su demanda no prosperó.
El contrato de arrendamiento con opción a compra de los terrenos se suscribió el 1 de junio de 2011. Por esas fechas, el piloto de la Vall realizaba entregas de dinero a Carlos Fabra de un préstamo personal de 360.000 euros que finalmente éste no devolvió. El acuerdo con el Hospital Provincial garantizaba a Debón una cuota mensual de 11.800 euros. Para el período estipulado de 25 años, la cifra se elevaba hasta los 3.540.000 euros.
Sin embargo, Fabra no podía autorizar la operación porque los estatutos del Hospital Provincial lo impedían. Como vicepresidente del consorcio, tenía competencia para aprobar, previa delegación expresa, expedientes de gasto por importes superiores a un millón de euros que no excedieran de dos millones. Ni siquiera el presidente del consorcio (el conseller de Sanitat) podría haberlo autorizado, ya que el tope de gasto lo tenía fijado en tres millones de euros. El órgano competente para aprobar un gasto de 3,5 millones de euros era el consejo de gobierno del hospital. De hecho, hubo una propuesta de resolución previa al contrato con Debón que incluía una cláusula supeditando la validez del acuerdo a la ratificación por parte del consejo de gobierno, que nunca se produjo.
El modo de actuar de Carlos Fabra fue anómalo, según destacan desde el consorcio hospitalario. Días antes de dejar la diputación y sin tener atribuciones para ello, firmó un contrato de 3,5 millones con la previsión de que fuera refrendado posteriormente por el consejo de gobierno del hospital. El cauce habitual es justo al revés: primero debe autorizar el órgano competente y luego se activa el proceso de contratación. Fuentes del centro explicaron que no dieron validez al documento porque Fabra se extralimitó en sus funciones. El nuevo equipo directivo del hospital revisará el proceso para determinar si emprende acciones legales contra los que participaron en la operación fallida.
Álex Debón reclamó en 2014 el pago de las cantidades pactadas. Interpuso una demanda civil que fue desestimada porque el juez se declaró no competente al tratarse de un asunto que se ha de dirimir por vía contencioso-administrativa.
