26 de abril de 2016
26.04.2016
Investigación

El jefe jurídico de FGV niega que impusiera a las víctimas una cláusula para no pleitear

El responsable de las indemnizaciones defiende "el buen trato a las familias" - El técnico que levantó acta de la lectura de la caja negra dice que no asistió

26.04.2016 | 17:28
El jefe jurídico de FGV niega que impusiera a las víctimas una cláusula para no pleitear

El jefe del área jurídica de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en 2006, Noé Gutiérrez, defendió ayer en la undécima sesión de la comisión de investigación del accidente del metro en las Corts «el buen trato a las familias» de las víctimas del siniestro que, incluso, «recibió alabanzas a FGV en sentencias de lo contencioso-administrativo por el buen trato a las familias», respondió a Antonio Subiela (Ciudadanos).

Gutiérrez, que después del siniestro ascendió a director adjunto de gestión, también negó una de las primeras denuncias planteadas por las víctimas del metro cuando aún no se habían constituido como asociación: la imposición de una clausula en el expediente de responsabilidad patrimonial por los fallecidos por la que renunciaban a cualquier reclamación por vía judicial. «No se establecieron cláusulas de renuncia y quien quiso pudo adquirir a los tribunales. Se hizo un trabajo serio, con entrega total, pero pequeño para la dimensión de la tragedia», defendió ante el interrogatorio de Belén Bachero (Compromís). A pesar de dirigir el área jurídica de FGV, Noé Gutiérrez se desmarcó de la contratación a la consultora H&M Sanchis durante ocho años, por 621.000 euros sin ningún tipo de concurso que ahora investiga un juzgado de Valencia.

«En absoluto intervine en la contratación de H&M Sanchis. No hice ninguna consulta, ni asesoramiento jurídico sobre H&M Sanchis porque lo gestionaban directamente desde la gerencia y el área de Comunicación», justificó ante Cristina Cabedo (Podemos).

Gutiérrez tampoco hizo el informe interno sobre el accidente que FGV se comprometió a realizar y del que fue nombrado instructor. Alegó en respuesta a Ana Barceló (PSPV) que se inhibió porque «los técnicos decían que con los medios que se contaba era mejor que un tercero hiciera un informe sobre el accidente».

Y, pese a que era el interlocutor «natural» con la abogada de la Generalitat personada en la causa del metro sostuvo que mantuvo «contratos puntuales» y que «no di pautas a la Abogacía de la Generalitat» que solicitaba constantemente el archivo de la causa. También se desmarcó de la destrucción del primer tren implicado en el accidente, donde viajaban las víctimas mortales. «No fue una decisión acertada. Pero ni intervine, ni tomé decisiones, ni tenía nada que ver con esto».

También compareció ayer el técnico de la dirección de auditoria y análisis de seguridad en la circulación (Daase) de FGV, Juan Ramón Torres Escudero, presente durante la irregular lectura de la caja negra del tren en el que viajaban las víctimas mortales (a las 4.50 horas del 4 de julio en presencia de un policía que nunca había visto una caja registradora de eventos), según un acta que elaboró FGV aquel día.

Levantó acta sin estar presente
Aunque diez años después Torres Escudero admitió que no estuvo presente físicamente, aunque le encargaron redactar el acta a pesar de que «nunca lo había hecho y tuve que pedir ayuda al policía». El mismo agente que se negó a firmarla porque, según dijo a la jueza, no podía asegurar que aquello que presenciaba era lo que le decían que era. Para el técnico de FGV, maquinista y exjefe de maquinistas «fue una decisión acertada llevar a FGV la caja negra. Para mi todo fue normal y transparente», defendió. Al tiempo que defendió que «solo se borraron los datos de la caja negra, aunque la información que contenía «seguirá en el disquete que se llevó el policía y el ordenador que se conserva en FGV».

El director del Instituto de Medicina Legal de Valencia, Matías Vicente, también confirmó a las Corts el dolor en diferido causado a las víctimas del metro. A varias familias se les entregó, cinco meses después del accidente, restos de sus familiares y algunos vestigios se incineraron porque no se podían achacar a ninguna persona. Por último, el secretario judicial del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia no declaró porque «no había sido notificado» aunque se le citó a través del TSJCV.

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