La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Maria José Salvador ha denunciado hoy la existencia, ocultos en cajones en las direcciones territoriales de su departamento, de1.100 expedientes de ayudas a la vivienda que nunca fueron tramitados por la anterior administración, que se convocaron sin disponer de cobertura presupuestaria y que, de ser aprobados en su integridad, obligarían a la Generalitat a hacer frente al pago de unos 60 millones de euros.
La consellera, que ha comparecido acompañada por la nueva directora general de la Vivienda, Rebeca Torró, ha asegurado que tras recibir un informe de la Abogacía de la Generalitat, este nuevo "fraude" relacionado con las ayudas a la vivienda ha sido puesto en manos de la Intervención autonómica para que marque "la hoja de ruta en defensa de los intereses de los valencianos".
Maria José Salvador cito la existencia de varias "irregularidades" que podrían tener recorrido legal. La primera y más notoria es la existencia de un informe de Intervención fechado a finales de 2013 donde se explicita que convocar ayudas a la rehabilitación de viviendas, alquiler o compra de VPO sin contar con la debida disponibilidad presupuestaria es ilegal. Sin embargo, las ayudas se convocaron. Existe, además, otro documento interno firmado por la ex consellera y actual presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, en la que da instrucciones para que los técnicos rechazasen por sistema todas las solicitudes de ayudas presentadas.
Maria José Salvador ha recordado que la ley obliga a analizar y "resolver" esos expedientes uno a uno „ "hay 1.100 con personas que tienen nombre y apellidos", recordó„ y añade que existe "fraude" en esta decisión.
El nuevo "agujero" detectado en la ayudas a la vivienda se suma al impago de parte de los 240 millones comprometidos y tramitados legalmente por la anterior administración, a los 40 millones de la Resolución 501 no reconocidos por los gobiernos del Partido Popular.
